jueves, 25 de junio de 2015

El loco Artyom Reshetnyak sigue con sus fijaciones (sexo anal y Alderete mezclado con todo el mundo), intentando tener visitas a su blog que ahora esta en wordpress despues de que blogger se lo bajò 3 veces.

https://laverdadnopuedeserignorada.wordpress.com/2014/08/16/prologo-del-autor-del-blog/

Notablemente,. el mismo sujeto que NIEGA LA TRATA , se ha constituido en un  FIOLO en grado de tentativa por internet, ofreciendo servicios de prostitutas y subiendo fotos de mujeres que niegan conocerlo a él.. Aqui su pagina de facilitacion de la prostitucion, con foto e identidad.

http://diosasdeplacer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=1172&disclaimToken=1&disclaimKey=21435257810

Esta es la mejor descripciòn de la personalidad de Reshetnyak que se ha publicado hasta hoy

DESCRIPCIÓN CLÍNICA DE LA PERVERSIDAD PATOLÓGICA

El ´´loco moral´´ es un desequilibrado Y el aspecto clínico principal -pero no el único- de su desequilibrio es su carácter perverso. Para presentar aquí una descripción típica y clásica estudiaremos sucesivamente cinco aspectos fundamentales de los perver­sos constitucionales: el núcleo caracterial perverso, el desequilibrio tímico, la organi­zación neurótica, la apetencia toxicomaníaca Y las´´ crisis´´.

1° El núcleo caracterial perverso . Según RÉGIS Y todos los clásicos, los rasgos característicos de ese núcleo perverso son la amoralidad, la inafectividad, la impulsividad, la inadaptabilidad.Podemos descri­bir dos aspectos: la refractariedad en relación a las disciplinas y la malignidad radical.

a) Refractariedad. Las reacciones del perverso son las de un ser incompletamente ´´maduro´´ del punto de vista moral.

Afirma sus tendencias egotistas sin subordinarlas nunca, o sólo raramente a sentimientos morales o sociales (altruismo, piedad, res­peto, caridad, pudor). No actúa sino en virtud de exigencias súbitas o tiránicas de sus deseos y caprichos. No hace más que ´´lo que le da la gana´´, como un ´´cabezadura´´. Es un bloque hermético, ´´indivisible´´ sobre quien resbalan las órdenes, los consejos, las sugerencias, las reprimendas y los castigos. Nunca se deja penetrar. No parece amar, ni vincularse, no manifiesta respeto, ni reconocimiento, ni obediencia. Insensible a su propio dolor, o al dolor de los otros, desde su más temprana edad, monolítico, capri­choso, colérico, obstinado, terco, se muestra constantemente independiente, indisciplinado, desobediente, mentiroso, violento, sobrador y vengativo. En la escuela, se afir­ma su actitud de rebelión, hace fugas, organiza ´´bandas´´ para hacer raterías o hacerse la rabona. A veces extrañamente aislado en su rebelión, silencioso y obstinado, irónico o gruñón, es en las sombras, en los rincones que solo medita y rumia su taciturna delectación. Su rebelión puede llevarlo a una ruptura completa con su familia o con su grupo de trabajo. El vagabundeo, el hurto, los actos desconsiderados e irreflexivos, y los malos golpes constituyen los rasgos habituales de su delincuencia. Habiéndose conver­tido en un ´´liberado´´, independiente, desviado, burlón, se mantiene por fuera de las normas sociales, familiares y morales, que desprecia y ridiculiza.

(....)

El perverso no solamente está margina­do de la moral y de la sociedad cuyos consejos, órdenes y sugerencias le resbalan, sino que experimenta un placer maligno y ostentoso en revelarse malo, vicioso, criminal. Exhibe su inmoralidad y su subversividad como una provocación y como un desafío. (...) Busca hacer sufrir, herir, a veces golpea a sus padres, a sus maestros, a sus camaradas. Arrastra y pervierte a sus camaradas, organiza robos, profanaciones, juegos crueles, ´´escándalos´´, y escapadas. Cediendo a las imaginaciones malignas de una mitomanía calumniosa.

(...)

Su perfidia le sugiere mil formas de torturar, de suscitar conflictos (cartas anónimas, denuncias men­tirosas, etc.). Acusa a sus maestros, a sus padres, e incluso llega a simular atentados.

En ocasiones fanfarrón cuenta ´´historias´´ (mitomanía vanidosa perversa). 

(...)

Captados en el frenesí ideológico de sec­tas políticas ´´revolucionarias´´, cometen atentados, urden complots o ejecutan ataques. Obteniendo vanidad de sus explosiones y de sus malos golpes, siempre dispuestos a pelear, a golpear y a robar, se van afirmando como intratables e incorregibles. Incluso en algunas ocasiones son ´´delatores´´ de la policía, ´´coquetean´´ con los servicios de vigilancia, con la policía secreta, etc. Así es la ´´odisea´´ de estos perversos que nunca dejan de ser, en todo y para todo, ´´plagas´´

(...).

uno de los rasgos más constantes y más destacados del perverso patológico: es un desequilibrado. El equilibrio instintivo-afectivo de su personalidad es precario y está profundamente alterado. A veces está afectado en su humor, en su ´´biotono´´ o más precisamente lo que está disminuido es su umbral de excitabilidad emo­cional. 

(...)

Es común comprobar tendencias esquizoides en esos seres fríos, tercos, encerrados en sí mismos, violentos y fuertemente introver­tidos en una meditación disimulada, hipócrita y pérfida de su agresividad. Otras veces se trata de hiperemotivos con reacciones difusas, desordenadas, teatrales, que se empa­rentan a las histéricas y mitomaníacas (es el tipo propio de la perversidad femenina). Más raramente, es una forma ciclotímica lo que subyace en las manifestaciones perver­sas. DUPRÉ, que insistía mucho sobre el desequilibrio de las tendencias afectivas del perverso, opuso dos tipos clínicos según que el desequilibrio de las fuerzas tímicas afectase una fórmula psicomotora de inhibición o de excitación.

(...)


El perverso, con frecuencia rebelde a hacer confidencias, oposicionista y sombrío, cínico e insolente, casi no se presta al análisis en profundidad de su personalidad. Por eso es que frecuentemente aparece como hecho de una sola pieza, un bloque de grani­to liso desprovisto de humanidad y afectividad. Malo, terco, cínico e indiferente, se pre­senta como ´´fuerte´´ y ´´duro´´ y sin embargo el perverso siempre en profundidad es un retardado afectivo en estado de perpetua reivindicación afectiva, sea que su personali­dad ´´hiperviril´´ compacta y como concentrada en su impulso agresivo, incisivo y clástico refleje en la imagen de su crueldad la adherencia sádica a las capas primitivas de las tendencias destructivas y agresivas del instinto, sea que, constituido en un plan más femenino, la organización de esas tendencias perversas sea como un juego infiltrado de duplicidad y de trampas hipócritas, dramas con peripecias apasionadas y magnificadas, atravesadas por impetuosidades paroxísticas, explosiones, escenas con gran escándalo. Busca armonía, siempre está buscando un ´´objeto´´ que le falta.

(...)

Queda ´´fijado´´ a un esta­dio de desarrollo de la libido que su conducta perversa transparenta ciertos rasgos de sus fijaciones psicoafectivas anormales se imponen como ´´factores etiológicos´´ psicogené­ticos. Así sucede especialmente para los sentimientos familiares los celos feroces del perverso, sus tendencias incestuosas y homosexuales, sus violentos odios e hipocresías en el interior de la familia, sus complejos de frustración crean un clima patológico lo bas­tante paradójico como para ser considerado por observadores superficiales como la causa de la perversidad. 

Sin embargo cuando es posible un análisis más profundo 1, este reve­la una disgenesia de los instintos, anomalías en su desarrollo y sobre todo una fijación patológica al estadio de las pulsiones agresivas, sádico-anales u orales. Es en ese senti­do que deben entenderse las relaciones de la perversidad con la corriente subyacente de las pulsiones sádicas o sado-masoquistas y los trastornos de la elección objetal (complejos incestuosos, narcisismo, homosexualidad, etc.), etc. 

Esto es fundamental. Bajo la máscara de la frialdad se oculta un drama, así como bajo la indiferencia sexual frecuen­temente afirmada, proclamada y sistemáticamente compuesta de actitud de desdén, lo que da a esta superficie de frialdad clínica el valor de una frigidez complexual es una perturbación profunda de la dinámica de las pulsiones. 


martes, 20 de enero de 2015

Resumen extendido de la denuncia presentada por el Dr Alberto Nisman

Resumen de los contenidos de la denuncia

En una muy dura y grave denuncia de casi de trescientas páginas, el Fiscal General Dr. Alberto Nisman acusó ante la justicia federal argentina a Cristina Fernández de Kirchner y a altos miembros de su gobierno de decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA, con el propósito de fabricar la inocencia de Irán. Intereses geopolíticos y comerciales del gobierno de Cristina Fernández iban a beneficiarse con la fabricación de esta inocencia en relación con el terrible atentado terrorista que asesinó a ochenta y cinco personas y dejó más de cien heridos en 1994.
Nisman denunció la existencia de un sofisticado plan delictivo, destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA. Además, probó que esta maniobra comenzó dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento -27/01/2013-, inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner -27/10/2010-, y que la misma involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con unos de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de Irán en la Argentina.
         Esta confabulación criminal fue decidida por la Sra. Presidente de la Nación, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y puesta en funcionamiento, principalmente, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Marcos Timerman. Asimismo, la denuncia acreditó la activa participación criminal de terceros en la maniobra, entre los que cabe mencionar al Diputado Nacional Andrés Larroque, a personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, a los dirigentes Luis Ángel D’Elía y Fernando Luis Esteche, al ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Luis Yrimia, y al referente comunitario iraní, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil. Ello motivó que el Sr. Fiscal solicitara respecto de todos los nombrados la declaración indagatoria y un embargo de bienes por la suma de doscientos millones de pesos, por ser autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA, hecho ocurrido el 18 de julio de 1994 y calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y genocidio.
         Para la época en que se urdió e instrumentó este plan criminal, la urgencia energética que atravesaba -y aún atraviesa- Argentina y el anhelo por un acercamiento geopolítico y el restablecimiento de plenas relaciones comerciales a nivel estatal con la República Islámica de Irán fueron, según las pruebas presentadas, los factores determinantes para que la primera mandataria, Dra. Cristina Fernández tomara la aciaga decisión de llevar adelante este plan de impunidad, sacrificando la justicia en el caso AMIA. 
El plan denunciado tuvo un único y delictivo propósito: lograr la impunidad definitiva de los acusados iraníes y el cese de toda actividad jurisdiccional en su contra, en pos de dar un paso hacia un acercamiento geopolítico y al restablecimiento de plenas relaciones comerciales a nivel estatal con la República Islámica de Irán, sin soportar reproche alguno por parte de la sociedad argentina.
         El Fiscal Nisman se ocupó de aclarar que nada había de reprochable en la relación comercial y/o en la vinculación geopolítica entre estados, pero que aquí correspondía formular acusación porque en este caso se había constatado la existencia de conductas delictivas por parte de las autoridades del gobierno argentino denunciadas, que consistieron en sacrificar una causa judicial en trámite, desconocer lo decidido por la justicia nacional y urdir un plan criminal para borrar de un plumazo las serias acusaciones que pesan sobre los prófugos iraníes, para otorgarles impunidad definitiva.
         Múltiples elementos probatorios confirmaron que el anhelo por el petróleo iraní fue uno de los motores de las acciones delictivas denunciadas. Se buscaba restablecer relaciones comerciales de Estado a Estado, sin perjuicio de los intercambios que ya existían a nivel privado.
         En primer lugar y antes de la firma del acuerdo, cuando se conocía la existencia de encuentros diplomáticos entre iraníes y argentinos en Suiza por el caso AMIA, pero nada se sabía de lo que se estaba negociando verdaderamente, Fernando Esteche, partícipe de esta maniobra, aseveró: “…los tipos quieren restablecer relaciones…que lo van a hacer… multidimensionalmente eso. A nivel gobierno, te digo, a nivel Estado…lo que tiene que ver con establecer relaciones entre los dos Estados…”.
         En segundo lugar, en mayo de 2013, pocos días después de regresar de Irán, el referente local del régimen Jorge Khalil afirmó: “…el tema que necesita Argentina, es petróleo…hay un verdadero interés para empezar y entablar las relaciones comerciales de gobierno a gobierno, con funcionarios del gobierno de acá, una delegación de allá viajaría o a Caracas o al Golfo o a Beirut mejor…para empezar las relaciones directas de funcionarios a funcionarios…”. Días más tarde, Luis D’Elía manifestó: “…Ahí hablé con Julio”, en referencia al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arquitecto Julio De Vido, y agregó: “…acá hay urgencia energética…”.
          Después, el 20 de mayo y por orden de Cristina Fernández, se reunieron el Ministro De Vido y Luis D´Elía, quien luego dio cuenta del encuentro al referente de Irán: “…ellos están dispuestos a mandar a la gente de YPF con nosotros a hacer negocios allá”, en alusión a Irán, “…está muy interesado en cambiar lo de aquellos por granos y carne”, en referencia al petróleo. Y agregó: “…la reunión fue porque lo pidió la Jefa, ¡eh!...Estamos al más alto nivel…”.
         Más tarde, ese mismo día, Jorge Khalil informó a Irán del avance de las negociaciones: “…el tema que necesita Argentina es petróleo, todo petróleo, y todo lo que está comprando…Irán en grano se lo pueden dar, ese petróleo a cambio de granos…” y agregó: “…Argentina tiene una gran necesidad de petróleo e Irán tiene una gran necesidad de granos y todo eso, empezar el intercambio…”.
         El comienzo del intercambio comercial argentino-iraní estaba supeditado a la ratificación de Irán del Memorando de Entendimiento, es decir, al avance del plan de impunidad. El acuerdo era un medio para habilitar el comercio. En la presentación judicial, se acreditaron reuniones y contactos ejecutados por expresa orden presidencial, con el objeto de presionar la ratificación interna del Memorando por parte de Irán, a fin de avanzar en los intercambios comerciales de Estado a Estado.
         Al respecto, luego de reunirse con De Vido, D´Elía comunicó a Irán: “…tiene un problema político, necesitan que se apruebe el memorando…”. A ello, para explicar los motivos por los que Teherán estaba dilatando la aprobación interna del acuerdo, Khalil le replicó: “…De Vido tiene que saber que Timerman no cumplió con algunas cosas, esto es así de claro, no cumplió con algunas cosas…”. No obstante la réplica, Khalil comunicó a Irán la necesidad transmitida por Cristina Fernández a través del Ministro De Vido: …Acá hay luz verde para hacer las operaciones y mandar a la gente, el tema es que quieren que se apure el memorándum… De Vido entiende que para dar un paso en esto…o sea oficial, de Estado a Estado, tiene que haber firma del memorándum, porque si no, siguen los privados, nada más…como están laburando…O sea, que se firme primero el memorándum para empezar a hacerlo de Estado a Estado, porque por ahora los únicos que están trabajando son los privados…”.
         Pero, además, las pruebas reunidas evidencian que de estas negociaciones participó nada menos que uno de los prófugos iraníes, Mohsen Rabbani, quien recibía periódicos reportes telefónicos de los avances que ocurrían en el seno de nuestro gobierno. Para citar un ejemplo de los tantos que constan en la denuncia, se transcribe uno de los informes telefónicos recibidos por Rabbani: “…hoy terminamos una reunión con el Ministro de Planificación De Vido, en donde él está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para arreglar con la República Islámica y la transacción puede ser a través de granos y a través de otras cosas…”, a lo que Rabbani contestó: “mándeme para que evalúe” y luego de evaluarlo respondió: “…Irán fue el primer comprador de Argentina y ahora no compra casi nada…pero puede cambiar…aquí hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que están listos para vender petróleo a la Argentina…y también comprar armas...”.
Esta posibilidad de comprar armas a la Argentina fue comunicada por Mohsen Rabbani a una persona de su entorno, Adalberto Assad, quien ese mismo día venía de reunirse con un alto funcionario del gobierno argentino, que iba intermediar para conseguirle una reunión personal con la Sra. Presidente.
En el marco de este plan criminal, Jorge Khalil ha sido la persona de confianza de Rabbani, que le ha reportado constantemente desde Buenos Aires: “...Sheik, quédese tranquilo que yo hoy a la noche, cuando llego a mi casa, le mando un informe de todo todo lo que estoy haciendo…”. Gracias a Khalil, Rabbani estaba mejor informado que los familiares y víctimas del atentado, que la dirigencia judía local y que las autoridades judiciales argentinas, ninguno de los cuales, al mes de mayo de 2013, conocía estas tratativas.
         Es decir, mientras la justicia nacional acusaba fundadamente a ciertos funcionarios iraníes de haber decidido, planificado y ejecutado el atentado terrorista contra la sede de la AMIA y mientras públicamente la Sra. Presidente y el Sr. Canciller aseguraban que sus acciones estaban exclusivamente motivadas en la búsqueda de justicia para la causa AMIA y que el Memorando de Entendimiento era única solución viable para el caso, uno de esos imputados, Mohsen Rabbani, secreta y clandestinamente negociaba con nuestras autoridades a través de intermediarios y canales ocultos, un intercambio de petróleo por granos, la venta de armamento, y lo que es más grave aún: su impunidad.
En consecuencia, la denuncia pone de resalto la siguiente secuencia. El 18 de julio de 1994 ocurrió un atentado terrorista en Buenos Aires. La justicia investigó y determinó responsabilidades de varios sujetos de nacionalidad iraní en la ideación y planificación de ese atentado. Esas personas han estado hasta la actualidad protegidas por el régimen al que pertenecen y que gobierna la República Islámica de Irán. El gobierno nacional negoció un acuerdo con ese país y, pasando por alto a la justicia y a la Constitución Nacional, brindó el marco jurídico necesario para que aquellos acusados puedan quedar desvinculados fraudulentamente de la causa por el atentado e impunes. Y en ese contexto, uno de los prófugos de la justicia argentina y beneficiario del pacto ilegal, Mohsen Rabbani, envalentonado por la posición del gobierno argentino, en lugar de responder a las serias acusaciones en su contra, negoció su impunidad, decidió los pasos a seguir, controló el avance del plan criminal y, además, planificó “comprar armas”.
         Lo denunciado reviste una gravedad institucional extrema e inusitada, tanto por la jerarquía funcional de varios de los involucrados en la maniobra criminal como por la calificación legal del delito que se encubre, esto es, el “delito anterior” objeto del encubrimiento, que es, ni más ni menos, que el atentado terrorista a la sede de la AMIA, judicialmente declarado crimen de lesa humanidad y calificado de genocidio por el juez de la causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral. 
         En la causa “AMIA” ya se ha determinado que las máximas autoridades iraníes de 1994 fueron quienes tomaron la decisión de cometer el atentado terrorista, diagramaron la implementación de ese ataque y encomendaron su ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah.
         A consecuencia de ello se solicitó la captura nacional e internacional del ex Presidente de la República Islámica de Irán, Ali Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani; del ex Ministro de Relaciones Exteriores, Ali Akbar Velayati; del ex Ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan; del ex Jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; del ex Jefe de la Fuerza Al Quds y ex Ministro de Defensa, Ahmad Vahidi; del Ex Agregado Cultural de la Embajada iraní en Argentina, Mohsen Rabbani; del ex Tercer Secretario de la Embajada de Irán en Argentina, Ahmad Reza Asghari y del ex Embajador de la República de Irán en nuestro país, Hadi Soleimpanpour.
         A raíz de los cuestionamientos de Teherán ante Interpol, se inició un extenso trámite en ese organismo policial. En el marco de esas diligencias, la Oficina de Asuntos Legales de Interpol efectuó una saludable distinción entre las solicitudes de detención de ciudadanos iraníes formuladas por el ex juez Galeano (a las que denominó AMIA I) y las órdenes de capturas libradas en noviembre de 2006 a solicitud del Dr. Nisman (a las que llamó AMIA II) recomendando que, sobre cinco de las ocho personas acusadas, se acceda a la solicitud de publicar notificaciones rojas. 
Además, sobre la presentación que formuló el Fiscal General del caso, Alberto Nisman, en la sede de INTERPOL, la Oficina de Asuntos Jurídicos y el entonces Secretario General, Sr. Ronald Noble, sostuvieron: “...la altamente profesional explicación de su caso, acusado por acusado, proporcionada por los fiscales argentinos que intervienen en la causa fue importante en la conclusión de la Oficina de Asuntos Jurídicos de que el caso del pedido de las notificaciones rojas por parte de la OCN Buenos Aires no revestía un carácter político predominante como para que entrara en vigor la prohibición del artículo 3…[Carta de la Organización Internacional de Policía Criminal- Interpol]”  
A raíz de estos esfuerzos, en noviembre de 2007, la Asamblea General de Interpol decidió emitir notificaciones rojas respecto de cinco de los imputados iraníes: Fallahijan, Rezai, Vahidi, Rabbani y Asghari; sobre los que pesa, entonces, la máxima prioridad de búsqueda que registra la policía internacional.
         Con apoyatura en tales imputaciones, la República Argentina ha venido reclamando por años a la República Islámica de Irán –hasta el momento, infructuosamente- la detención con fines de extradición de los acusados iraníes.
         En efecto, durante su presidencia, Néstor Kirchner no solo llevó el caso a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, sino que rechazó rotundamente todos los ofrecimientos de Teherán, siempre destinados a acordar una salida políticamente negociada a esta cuestión, netamente judicial. Varios testimonios –del ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández; de los ex Cancilleres, Rafael Bielsa y Jorge Taiana y del ex Vice Canciller, Roberto García Moritán- coinciden en describir los pactos propuestos por Irán y su rechazo de plano por parte del ex presidente argentino.       Al respecto, el nombrado García Moritán afirmó que los iraníes habían ofrecido un acuerdo que “también tenía 9 puntos y era muy similar al actual” y que “con sus matices, tenía el mismo espíritu”, comparándolo al pacto firmado por Timerman.  
         En todos los casos, el gobierno de Néstor Kirchner y el ex presidente en particular entendió que estas propuestas conllevaban una injerencia inadecuada del Poder Ejecutivo en el ámbito judicial. Tal era el criterio del ex presidente que, en forma consecuente, decidió remover a Luis D´Elía de la función pública cuando éste encabezó –en noviembre de 2006- una protesta contra la acusación judicial a los ciudadanos iraníes por el caso AMIA. D´Elía sostuvo públicamente que: el dictamen judicial que acusa a la República Islámica de Irán por el tema AMIA está profundamente contaminado por circunstancias mundiales ajenas a la búsqueda de la verdad”. Funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner explicaron –en aquel momento- a la prensa que, a entender del presidente, D´Elía había cruzado “una línea infranqueable: nunca jamás, un funcionario del gobierno debe abrir juicios sobre causas judiciales abiertas, y menos si atañen a un tema tan sensible como la voladura de la AMIA. Además, en aquella ocasión Kirchner se comunicó con su par de Venezuela, Hugo Chávez, quien a los pocos días hizo cesar la misión diplomática del Embajador Roger Capella en Argentina, promotor de la protesta comandada por Luis D´Elía.  
         En suma, durante todo su mandato y podría decirse mientras vivió, el ex Presidente Néstor Kirchner fue consecuente con su postura con el caso AMIA: un fuerte reclamo a Irán por su falta de cooperación en la causa, la firme decisión de rechazar las propuestas iraníes que propiciaban dejar de lado las conclusiones de la justicia argentina y su inestimable apoyo a la investigación judicial por el atentado contra la sede de la AMIA fueron los ejes centrales de esta política de estado.
         En la denuncia se documenta que Irán siempre intentó una salida negociada y política al caso AMIA, que evite enfrentar y –mejor aún- desarticule la acusación judicial. Así, en abril de 2005, Irán condicionó la respuesta a un exhorto librado en la causa, en los siguientes términos: “...Si asistimos al poder judicial argentino: a) ¿No estaremos siendo vistos como acusados o sospechosos? b) Supongamos que recibimos los exhortos y los contestamos [...] Estará el juez dispuesto a anunciar y declarar tajantemente que no existe conexión ni de Irán ni de sus ciudadanos con la explosión de la AMIA? c) ¿Quedará o no el dossier abierto si contestamos? d) ¿cómo podemos saber si el juez cerrará el dossier o no?”
         Y añadió: “el asunto principal es que de alguna manera podamos estar convencidos de que si colaboramos, el juez de la causa llegará a la conclusión de que el señor X o el señor Y no están ni estuvieron implicados en la explosión de la AMIA. Recuerden que desde el 19 de julio de 1994 nos manifestamos dispuestos a colaborar con la justicia argentina, posición y oferta que continúa aún válida. Si tuviéramos garantías objetivas, cosas tangibles (resultados tangibles) no tendríamos ningún problema en: a) recibir todos los exhortos; b) contestar todos los exhortos; c) incluso más: hacer algunas investigaciones ulteriores en Irán…”  
         Otro ejemplo de esta actitud iraní en cuanto a sus falsos ofrecimientos de colaboración con la causa surge de un “non paper” entregado por la diplomacia iraní a la argentina, en el que se proponía el siguiente acuerdo: “1. Las partes aceptan que no ha existido ninguna acusación contra ciudadanos iraníes en relación con la Causa AMIA; no obstante ello, el proceso que sigue el Juez argentino a cargo de la investigación en lo que respecta a los ciudadanos iraníes fue ordenado con el mero fin de recopilar información. 2. Las partes… se abstendrán de efectuar cualquier tipo de inferencia criminal, tanto en forma directa como indirecta, o acusación contra la otra parte y sus funcionarios.3… las cartas rogatorias libradas por el Juez de la Argentina serán enmendadas de forma tal que no se formule ningún alegato o acusación, ya sea en forma explícita o implícita, contra el gobierno iraní y sus ciudadanos…4. Tras lo dispuesto en el párrafo tercero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán recibirá oficialmente las cartas rogatorias…5. La parte argentina…revocará cualquier orden de arresto librada por el Juez a cargo de la investigación contra los ciudadanos de la República Islámica de Irán…”.
         Esta histórica postura de Irán respecto al caso AMIA se deriva de una estrategia del régimen consistente en negar toda relación de sus ciudadanos con el atentado y jamás brindar información a la pesquisa, para desligarse de toda responsabilidad por actos de terrorismo.
Esto fue expuesto por dos ex cancilleres. Rafael Bielsa mencionó la oferta iraní de cuatro mil millones de dólares en compras de maíz y trigo, condicionada a dejar de lado la causa AMIA. Sobre la diplomacia iraní, expresó: “…era una actitud extorsiva…Siempre nos estaban haciendo trampa…Les decíamos: los vamos a seguir hasta debajo de la cama, acá no hay arreglo, contesten los exhortos. Uno de sus argumentos era: se están perdiendo 4 mil millones de dólares…Jamás hubo la más mínima concesión…ellos querían que un punto sugiriera que podía haber algún error por parte del Poder Judicial en el requerimiento de estos dignatarios iraníes…”. Jorge Taiana aseveró que por parte de Irán: “No hubo ninguna muestra de que existiera la más mínima voluntad de ayudar a esclarecer el hecho…”.
         Se trata, además, de una estrategia que ha sido replicada por Irán ante otras acusaciones por terrorismo, como en el caso “Mykonos” y en el asesinato de Chapour Bakhtiar; y fue reconocida por el ex Canciller iraní Ali Akbar Salehi como una estrategia “exitosa” del Líder Supremo. Así, quedó expuesto en la denuncia la evidente decisión política del régimen iraní de garantizar impunidad en un atentado planeado y ordenado por el mismo régimen.
Ahora bien, la línea forjada por Néstor Kirchner en torno al caso AMIA continuó durante los primeros años del mandato de su esposa Cristina Fernández. Sin embargo, la inconmovible negativa iraní fue logrando, de algún modo, erosionar las expectativas del gobierno nacional, sin que ello modifique, al menos inicialmente, el objetivo perseguido, que siempre consistió en que Irán someta a los imputados a nuestra jurisdicción. Ejemplo de ello fue el ofrecimiento formulado por Argentina en septiembre de 2010 para realizar el juicio por AMIA en un tercer país ante la presencia de veedores internacionales. Dicha oferta fue rechazada mediante una carta del Representante Permanente de la República Islámica de Irán ante Naciones Unidas, Embajador Mohammed Khazaee, en la cual expresó que las acusaciones argentinas carecían de fundamento y que la actual investigación transitaba un “camino equivocado” que no llevaría a encontrar a los “auténticos autores” del atentado. Khazaee tachó de falsa, arbitraria e infundada la acusación contra los ciudadanos iraníes, afirmando que el procedimiento judicial argentino estaba plagado de irregularidades, violaba garantías procesales y derechos fundamentales y no tenía por fin la verdad y la justicia. Asimismo, aseveró que: “El Gobierno de la República Islámica del Irán se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión del AMIA”. Y acusó a las autoridades argentinas de colaborar y financiar a grupos terroristas, como los Muyahidin Jalq. En suma, el ofrecimiento argentino para realizar el juicio en un tercer país quedó trunco por una respuesta de Teherán, tan falazmente fundada como provocativa.   
         Así las cosas, por mucho tiempo la relación bilateral estuvo signada por la indiferencia iraní a los reclamos argentinos y, como contrapartida, por la sólida resolución de nuestro país de no avanzar en ningún frente vincular sin antes obtener cooperación en el caso por parte de Teherán, es decir, la entrega de los acusados para su juzgamiento por la justicia nacional.
         La consistencia que durante años tuvo la postura oficial argentina en torno al caso AMIA, sufrió un cambio radical a partir de la decisión de la actual Presidente de avanzar en un plan encubridor que permitiera a los imputados iraníes eludir y sustraerse definitivamente del accionar de la justicia, a efectos de facilitar, entre otros fines, un intercambio comercial a nivel estatal con la República Islámica de Irán. El ex canciller Bielsa resaltó el cambio de posición del gobierno de la Dra. Fernández cuando sostuvo: “le dice a los familiares que los que comercian son las empresas y no el Estado. Me parece un argumento pelotudo, me fastidia mucho porque era un tema sagrado para Néstor….Cuando era canciller, hablar de venderle o comprarle a Irán era casus belli”.
En la presentación judicial del Fiscal Nisman se aclaró expresamente que no se estaba cuestionando un cambio de política exterior –resorte exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional y por lo tanto, tema no judiciable-, sino que se denunciaba que se haya optado lisa y llanamente por el camino del delito: borrar una acusación y una investigación judicial en pleno trámite.
         Justamente, la denuncia demuestra que, en este contexto histórico y con el cuadro de situación descripto, entre octubre de 2010 y enero de 2011, el gobierno argentino presidido por Cristina Fernández experimentó un giro de 180 grados en relación a su consideración del caso AMIA.
Se detectó una circunstancia indicativa de que hasta agosto de 2010 no se habían registrado cambios en el rumbo de la política argentina en torno al caso AMIA, esto es, que la decisión de encubrir aún no había sido tomada. Prueba de ello es que el día 11 de agosto de 2010, el Ministro Timerman mantuvo una reunión con la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Sra. Hillary Clinton, y luego declaró: “…pude conectar que un atentado que se frustró en Estados Unidos al aeropuerto JFK involucraba a Mohsen Rabbani, el que era agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires. No lo sabía ni Hillary Clinton ni la gente que investiga acá. Ahora hay una conexión entre un atentado que se frustró en Estados Unidos y el de la AMIA…”.
         El 27 de octubre de 2010 falleció el ex Presidente Néstor Kirchner. Lo cierto fue que la causa AMIA dejó de ser una “política de estado” para convertirse en un fusible de ajuste. Una pieza descartable. Así comenzó a negociarse la impunidad. Su mayor opositor, Néstor Carlos Kirchner, había fallecido. El camino criminal que decidió transitar su esposa había quedado despejado. Hacía más de 20 años que Irán protegía a los acusados y obstruía la investigación. A esa histórica protección iraní se le sumó este plan de impunidad orquestado por la máxima autoridad del gobierno argentino, Cristina Fernández y su Canciller Héctor Timerman.
Así las cosas, el plan criminal se activó en enero de 2011, cuando Héctor Timerman viajó a la ciudad siria de Alepo y secretamente se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades políticas argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento de orden geopolítico y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos estados.
Concretamente, el 23 de enero de 2011, Timerman arribó a Damasco, donde se reunió con el canciller sirio Walid al-Mohalem. Posteriormente, viajó a Alepo, donde se entrevistó con el Presidente Bashar Al-Assad. La cancillería no emitió comunicado al respecto. No obstante, un cable público de la agencia oficial de noticias Siria –SANA- informó que, con fecha 23 de enero de 2011, el canciller sirio se había reunido con sus pares de Argentina y de Irán, uno después del otro, y que al día siguiente ambos cancilleres viajaron a la ciudad de Alepo. Obran evidencias que demuestran que existió “un mano a mano entre Salehi y Timerman para tratar el tema”
La denuncia del Fiscal Nisman demostró que el Canciller Salehi tomó nota de tal ofrecimiento y se lo comunicó por escrito al entonces Presidente Mahmoud Ahmadinejad: “…Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados…en cambio prefiere mejorar sus relaciones comerciales con Irán”.
Sobre el tema, se citó el testimonio del periodista José Ricardo Eliaschev quien declaró, bajo juramento, haber accedido a una copia de ese documento secreto redactado por el canciller iraní. Como si estos elementos no fueran suficientes, el propio Alí Akbar Salehi reconoció posteriormente: “…nos hemos reunido durante dos años con el Canciller argentino Héctor Timerman…”, esto literalmente ubicó el inicio de las negociaciones en enero de 2011, justamente, para la reunión de Alepo. De esa forma, Salehi desmintió categóricamente a Timerman que, empeñosamente, había intentado mantener oculto el inicio de las maniobras delictivas.
Así, la cumbre de Alepo marcó el primer indicio concreto y corroborado de la existencia de una decisión de los más altos funcionarios denunciados del gobierno argentino de abandonar la legítima pretensión de enjuiciar a los acusados iraníes judicialmente imputados por el caso AMIA. Fue la primera vez que un estado agredido prácticamente imploró a un estado agresor para que firme un acuerdo que otorgase impunidad a los agresores.  
De este modo, comenzó un período de negociación secreto entre los gobiernos de Argentina e Irán que se extendió hasta septiembre de 2012  y durante el cual, ambas partes realizaron gestos claramente indicativos del acuerdo que, en esa época, se estaba incubando.
El primer indicio consistió en la reacción a la noticia publicada por José “Pepe” Eliaschev en el diario Perfil cuando, en marzo de 2011, reveló la existencia de la reunión en Alepo y su verdadera finalidad. En lugar de dar explicaciones que esclarecieran las graves implicancias del trascendido informativo, el Canciller Timerman en persona salió a cuestionar al Sr. Eliaschev, sosteniendo simplemente que los datos publicados eran falsos y tenían por objeto dañar su casi contemporánea visita a Israel. Expresó: “…esa fue una información falsa, fue una operación que se hizo en contra de mis relaciones, o sea de mi viaje a Israel…Fue el oportunismo de un pseudo-periodista que no vaciló en decir cualquier cosa con tal de ofenderme…
Otro de esos gestos tuvo lugar en julio de 2011, cuando el gobierno argentino calificó de “muy positiva” una misiva de la cancillería persa por la cual se ofrecía colaborar con la investigación, curiosamente, en una nueva hipótesis, distinta a la esgrimida por la justicia.
Un tercer indicio se verificó el 22 de septiembre de 2011, ocasión en que la Sra. Presidente instruyó al entonces Embajador argentino ante las Naciones Unidas, Jorge Argüello, para que permanezca en su asiento mientras pronunciaba su discurso el, en aquel tiempo, Presidente de la República Islámica, Mahmoud Ahmadinejad. Ello, en contraste con la decisión sostenida por la mandataria en los años previos, de retirar a la delegación argentina del piso y no presenciar los discursos de Ahmadinejad.
Otro gesto registrado tuvo lugar en septiembre de 2012 cuando, por primera vez en años, Presidencia de la Nación decidió no invitar a formar parte de la comitiva argentina que viajó a la 67ª Asamblea General de Naciones Unidas a ninguno de los dirigentes comunitarios de las instituciones judías locales. Así lo reconoció uno de ellos: “…el último año no hemos sido invitados, lamentablemente. Y es cuando surge justamente la propuesta de esta mesa de diálogo por parte de la Presidenta de la Nación…”, en referencia al anuncio presidencial de “inicio” de negociaciones con Irán que, ahora se sabe, ya venían llevándose a cabo desde antes y en secreto por –al menos- un año y medio.
Un quinto indicador de este acercamiento secreto con Irán se materializó en el “silencio cómplice” de las autoridades argentinas denunciadas ante declaraciones de funcionarios iraníes que acusaron a “agentes de Tel Aviv” por el atentado y que catalogaron de “sionista” al Fiscal Nisman. Nunca antes el gobierno argentino había permanecido en silencio ante este tipo de declaraciones. De hecho, Néstor Kirchner siempre repudió este tipo de descalificaciones, exigiendo –por vía diplomática- las explicaciones correspondientes, como lo hizo, por ejemplo, en el año 2006, cuando trascendidos aseveraron que la justicia iraní solicitaría el arresto y la extradición del Fiscal Nisman por la acusación emitida por la justicia argentina contra exfuncionarios iraníes, luego avalada por Interpol.  
En síntesis, trascendió a la prensa la reunión secreta que Héctor Timerman mantuvo en Alepo y el canciller argentino cuestionó duramente al periodista que difundió la noticia. De un día para el otro y sin justificativo alguno, en julio de 2011, Irán se declaró dispuesto a negociar en relación al atentado y el gobierno argentino lo celebró, pese a que la propuesta suponía una hipótesis distinta a aquella sostenida por la justicia nacional. El gobierno argentino presenció por intermedio de su embajador, después de dos años de no hacerlo, el discurso del Presidente Ahmadinejad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Presidente Fernández omitió invitar a las instituciones comunitarias judías, como había sido su costumbre, a formar parte de la comitiva que la acompañó a la siguiente reunión anual de las Naciones Unidas y justamente, en esa oportunidad, anunció una negociación con la República Islámica de Irán en relación al ataque terrorista del 18 de julio de 1994. La denuncia descartó de plano que todos estos signos pudieran ser tomados, simplemente, como frutos de la casualidad; sino que fueron, inequívocamente, manifestaciones amistosas de dos partes que estaban negociando un acuerdo secreto.
         En efecto, suficientemente avanzadas dichas negociaciones secretas donde se gestó el encubrimiento y el plan de impunidad de los iraníes, en el mes de septiembre de 2012, Cristina Fernández oficializó las reuniones, siendo que, públicamente ante la Asamblea General de Naciones Unidas, adujo que la República Islámica de Irán había expresado su voluntad de negociar por el caso AMIA y anunció haber instruido a su canciller en ese sentido. Entonces se clarificaron los motivos por los cuales la Sra. Presidente, en aquella oportunidad y por primera vez, no había invitado a las instituciones comunitarias judías a formar parte de su comitiva a la apertura del Debate General. El anuncio que haría había sido acordado con anterioridad y con una finalidad distinta a la que se invocó.  
         Tal manifestación de la Sra. Presidente fue solo una puesta en escena, la primera de varias que ocurrirían durante el camino que recorrió el plan de impunidad ideado y orquestado por los funcionarios argentinos aquí denunciados. Con este gesto se oficializaba “un hecho consumado”. Se buscó ocultar que el acercamiento había sido promovido por Argentina, y no por Irán como se dijo; y se quiso hacer creer que las negociaciones se iniciaban en ese momento, cuando ya llevaban –al menos- un año y medio. Para impedir que trasciendan, primero la existencia de los contactos y después, su contenido, se recurrió a la negación de los hechos, a su tergiversación y hasta se llegó a cuestionar y desacreditar a las fuentes que brindaban información sobre el tema.
Aún más, mientras transcurrían las negociaciones diplomáticas públicas, el plan de impunidad avanzaba solapadamente a través de canales paralelos de comunicación y negociación con Irán, gestándose en aquel momento un aspecto fundamental del plan criminal: la desviación de la investigación hacia una falsa hipótesis que incrimine a terceros inocentes, pero –fundamentalmente- que desincrimine a los iraníes.
         El resultado visible de las negociaciones, tanto secretas como públicas, fue el Memorando de Entendimiento firmado el 27 de enero de 2013 en Etiopía. Cuando la impunidad había sido decidida, cuando la pista falsa ya estaba siendo elaborada, cuando la diplomacia paralela estaba operando plenamente, recién ahí, en enero de 2013, se firmó el referido memorando, que no fue -en realidad- el inicio sino la culminación de una maniobra criminal que ya llevaba más de dos años de ejecución.
         La versión oficial argentina indicó que se trataba de un instrumento jurídico que permitiría avanzar con las indagatorias de los prófugos. La realidad fue que solo se trató de uno de los medios elegidos para viabilizar el plan criminal que negociaron durante dos años, pues su letra resulta funcional a esta maniobra espuria.
         Que quede bien claro. El acuerdo entre representantes iraníes y las autoridades argentinas excede con creces la mera letra del memorando. El plan criminal consistió en la eliminación de las imputaciones que la justicia argentina esgrimió contra funcionarios iraníes y el mejor modo que se halló para despejar tales acusaciones, brindar impunidad y presentar el tema de la manera más prolija posible a los ojos de la ciudadanía engañada, fue la suscripción del mencionado acuerdo bilateral. Este debía poder ser presentado como un instrumento pensado para procurar justicia, cuando –en realidad- estaba y está claramente destinado a lo contrario: a obstruirla y a impedirla. De allí la elaborada sofisticación del delito denunciado.
         La denuncia explica que la letra del Memorando de Entendimiento prevé mecanismos para lograr la baja de las notificaciones rojas de Interpol; que contiene tantas etapas sucesivas sin plazo alguno que permite prolongar indefinidamente su vigencia en el tiempo hasta diluir por completo la causa; que las conclusiones de la “Comisión de la Verdad” ya estaban arregladas de antemano y que su actuación permite la introducción de la nueva hipótesis, falsa y armada con pruebas inventadas.
         En la práctica, las únicas trabas a la impunidad de hecho de la que gozan los acusados iraníes han sido las notificaciones rojas de Interpol, que tienen la capacidad de dificultar su movilidad trasnacional. Claro ejemplo de ello fue el episodio protagonizado por el entonces Ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi quien, en el mes de junio de 2011, debió abandonar territorio boliviano ante la presión generada por la vigencia de la notificación roja en su contra. Este tipo de dificultades gestaron el interés iraní que llevaría a que las partes acordaran, como lo hicieron, hacerlas cesar. De allí que el punto 7 del Memorando tenga su razón de ser. Trátase del único punto de aplicación inmediata sin necesidad de que el acuerdo haya sido ratificado, es decir, del único con carácter operativo. La baja de las notificaciones rojas fue el primer y trascendental paso acordado secretamente entre Salehi y Timerman hacia la desvinculación definitiva de los imputados.
         Esto fue corroborado también por el documento descripto por el Sr. Eliaschev en su declaración testimonial, en el cual el Ministro Salehi proponía al Presidente Ahmadinejad, que lo autorice a solicitar la revocación de los pedidos de captura internacional con respaldo de Interpol, expresando un especial interés en mejorar la situación procesal del entonces Ministro de Defensa Ahmad Vahidi, uno de los imputados con notificación roja vigente. Según el citado documento, la cancillería iraní recomendaba: “…avanzar en un acuerdo importante con Argentina porque…están dadas las condiciones para que los argentinos decidan dar vuelta de página…”.
Por otra parte, la denuncia demostró la existencia de, al menos, un antecedente al pacto con Irán que data del año 2006, redactado por Fernando Esteche que, a través de Jorge Khalil, llegó a las autoridades iraníes. Al respecto, Khalil reconoció: “…ese plan lo hicimos con Fernando Esteche hace seis años…cuando se lo llevé a Baharvand, me dijo no…”, en referencia al entonces Encargado de Negocios de Irán en la Argentina. Hoy se puede concluir que el rechazo iraní se pudo deber a que, en aquella época, Interpol no había emitido aún las notificaciones rojas contra los funcionarios persas y, en consecuencia, no existía el motivo que activó posteriormente el interés de Teherán en avanzar con un acuerdo por el tema, conforme ha sido probado en la presentación del Fiscal. Antes de las notificaciones rojas, no había interés de Irán para firmar acuerdos de este tipo con Argentina.
El gobierno argentino daba por sentado que el punto séptimo del Memorando bajaría automáticamente las notificaciones rojas, lo que –al mismo tiempo- era desmentido por sus voceros. Sin embargo, las agrupaciones de víctimas, familiares y entidades comunitarias advirtieron que su aplicación podía derivar en el cese de  estas notificaciones y, por lo tanto, propiciaron un anexo al Memorando de Entendimiento que especifique que éstas no caerían. Si bien primero trascendió que ello había sido aceptado por Timerman, luego el Canciller negó haberse comprometido a elaborar dicho anexo.
         Las víctimas tenían razón. Al mes de haberse firmado el Memorando de Entendimiento, un agente de inteligencia de Presidencia de la Nación individualizado en la denuncia como parte del plan de impunidad le comunicó al operador iraní Khalil: “Tengo un chisme…me dijeron ahí en ´la casa´ [en referencia a la Secretaría de Inteligencia]…Interpol va a levantar el pedido de captura de los amigos [en alusión a los prófugos iraníes]…lo va a levantar ahora”. Es decir, se trataba de un resultado esperado y que se palpitaba inminente.
Por su parte, la interpretación que Irán tenía del punto siete del acuerdo surgió palmaria en el artículo publicado por la agencia oficial de noticias iraní IRNA, bajo el título “Memorando de Entendimiento firmado entre Irán y Argentina: Gran éxito diplomático”, que consistió en un análisis jurídico del texto del acuerdo por el experto iraní en derecho internacional, Mohammad Hossein Mahdavi, que sostuvo: “El propósito del artículo [punto 7 del memorando], en realidad, era que las dos partes conjuntamente señalaban a INTERPOL que la diferencia entre las dos partes por el caso AMIA, y que motivó que algunas personas aparezcan en la lista de alerta roja de esta organización, se había resuelto a través de la cooperación mutua, y por lo tanto, la INTERPOL podía anular esta lista….
         Esta interpretación fue indiscutidamente refrendada por las declaraciones del propio Ministro Salehi -cofirmante del tratado- cuando, según informó la agencia de noticias IRNA, manifestó que: según el acuerdo firmado por ambos países, la Interpol (Policía Internacional) debe eliminar las acusaciones contra las autoridades iraníes”. Se esperaba que aun sin entrar en vigencia, el acuerdo sirviera para dar de baja las notificaciones rojas de Interpol. Si éstas caían, ya nada llevaría a los sospechados a ponerse verdaderamente a disposición de la justicia argentina.
Para comprender cabalmente el rol del memorando en el plan, corresponde tener presente que se trató de la excusa esgrimida para solicitar a Interpol que diera de baja las notificaciones rojas. La comunicación de la firma del acuerdo a un organismo exclusivamente policial, sin injerencia ni interés alguno en los tratados o avenimientos entre sus estados miembros, como es Interpol, tuvo como único propósito el cese de esas notificaciones.
Estos objetivos se vieron truncados cuando, con fecha 15 de marzo de 2013, la Organización Internacional de Policía Criminal –Interpol- envió una misiva al Canciller Timerman, firmada por Jöel Sollier, Consejero Jurídico del organismo, en la que, en referencia al memorando de entendimiento, afirmaba: “…La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de INTERPOL manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA…”
         La, para las partes, sorpresiva negativa de Interpol a dar de baja las notificaciones rojas se erigió en un obstáculo inesperado para los autores del encubrimiento. Timerman no pudo cumplir lo que había prometido en sus negociaciones secretas con Irán, circunstancia que motivó la queja de los iraníes. Salehi criticó a Interpol por haber aseverado que las alertas permanecían vigentes. Pero Interpol se mantuvo firme y desde que comunicó la vigencia de las notificaciones rojas contra los acusados por el caso AMIA, la República Islámica de Irán retiró el acuerdo de su agenda parlamentaria y hasta el momento de la denuncia, no ha comunicado oficialmente su aprobación interna por nota verbal.
         Es decir, el interés iraní en torno a la ratificación del acuerdo desapareció al no caer las notificaciones rojas. Nótese que con fecha 10 de marzo de 2013, el Memorando de Entendimiento había sido elevado al Parlamento de Irán para su convalidación. Días después, el 15 de marzo, Interpol garantizó la estabilidad de las notificaciones rojas. Al día siguiente, el Canciller Salehi expresó públicamente su disconformidad con lo resuelto por la Organización Internacional de Policía Criminal, al aclarar que, conforme lo convenido, con la sola firma del acuerdo, Interpol debía hacer cesar las notificaciones rojas. La consecuencia de dicho revés desalentador para Irán fue que el tratado nunca recibió tratamiento parlamentario y pareció quedar fuera de la agenda legislativa iraní, pese a que había sido ingresado y tenía asignado tratamiento prioritario. Se tornó evidente que sin la baja de las notificaciones rojas, la República Islámica de Irán había perdido interés en el acuerdo.
El motivo de semejante vuelta atrás surge nítido de las pruebas aportadas. En mayo de 2013 y al día siguiente de regresar de Irán, el agente persa Khalil comunicó a las autoridades argentinas la razón de la tardanza: “…hay un poquito de desazón de allá, de allá…hay desazón…Me parece que el ruso este de mierda se mandó alguna”, en referencia a Héctor Timerman, y agregó “…estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares”, en alusión a las notificaciones rojas.
Luego de la reunión del 20 de mayo de 2013 entre D´Elía y De Vido y ante el reclamo local por la demora de Teherán en la aprobación interna de Memorando de Entendimiento, Khalil afirmó: “…De Vido tiene que saber que Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió con algunas cosas…”. Existía una promesa por parte del canciller Timerman para dar de baja las notificaciones rojas. Timerman no cumplió, no porque no haya querido, sino porque Interpol se lo impidió.
         En los meses de septiembre y noviembre de 2013, Timerman continuó intentado subsanar la inesperada vigencia de las notificaciones rojas. Con ese fin se reunió con el entonces Secretario General de Interpol, Ronald Noble, para convencerlo de que ceda y autorice el cese de dichas notificaciones, bajo el argumento que el acuerdo entre las partes siguió avanzando. Por fortuna tampoco entonces pudo lograr su cometido.
         Este revés no desarticuló la operación de encubrimiento montada por las autoridades argentinas denunciadas. Además y de acuerdo con el derecho penal argentino, para la configuración del delito de encubrimiento en este caso resulta irrelevante el interés de Irán o su predisposición respecto de la maniobra desplegada por los autores y partícipes argentinos, dado que esta figura penal no exige consentimiento del sujeto encubierto y ni siquiera demanda su conocimiento. 
Ahora bien, la denuncia también destaca que afirmaciones como “…estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares…” y “…Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió con algunas cosas…” transmiten la certeza, junto con otros elementos, de que además del Memorando de Entendimiento firmado han existido entre las partes otros acuerdos secretos.
Al ver truncada la posibilidad de avanzar con el compromiso asumido, Salehi no trepidó en poner en evidencia a Timerman y al sentirse traicionado, reconoció sin ambages: “Interpol debe eliminar las acusaciones contra las autoridades iraníes….El [contenido] del acuerdo entre Irán y Argentina en relación con la cuestión AMIA será hecho público en el momento adecuado y la cuestión [de los imputados iraníes] está incluida y nosotros la estamos siguiendo…”. Habiendo sido realizada esta declaración en el mes de marzo de 2013, resulta evidente que Salehi no se estaba refiriendo al Memorando de Entendimiento sino a otro convenio que a esa fecha aún no se había dado a conocer.
         Estos acuerdos secretos quedaron también evidenciados en otro episodio, cuando en febrero de 2013 el entonces vocero de la cancillería iraní, Ramin Mehmanparast, afirmó: “…El tema de la indagatoria de un responsable iraní [por Vahidi] es totalmente falso…Parece que los que se inquietan por este acuerdo difunden este tipo de informaciones…”. Es decir, Irán sostenía públicamente que el ex Ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, nunca sería interrogado pese a que esta medida estaba incluida en el Memorando. Al respecto, Jorge Khalil aseguró que el rumor era cierto, que ese tema en particular “estaba conversado antes….estaba dentro del marco” y que el acuerdo era “más profundo todavía”.
         Es decir, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Héctor Timerman no solo firmó un Memorando de Entendimiento abiertamente inconstitucional que garantiza la impunidad de los acusados iraníes, sino que también cerró acuerdos secretos mucho más beneficiosos para los prófugos. De allí que se compruebe que no se trató, como se presentó públicamente, de dos partes contrapuestas que negociaron un acuerdo bilateral, sino que fueron dos socios que confeccionaron un sofisticado plan criminal de impunidad para desligar definitivamente a los prófugos de la causa AMIA de toda relación con el atentado y cerrar toda investigación respecto de ellos. De hecho, luego de suscribirse el acuerdo, un agente de inteligencia argentino involucrado en este plan le confesó a su par de Irán: “…Tranquilo, ya ganamos, es decir, ganamos una partida, yo te dije, vos no me tenías fe…”, dejando en evidencia que ambas partes han tenido el mismo objetivo criminal.
         Ahora bien, como ya se dijo, la oportuna intervención de Interpol manteniendo vigentes las notificaciones rojas no frustró ni imposibilitó a futuro el encubrimiento orquestado. Los autores habían tenido la precaución de idear mecanismos alternativos para conseguir sus fines, contenidos en la letra del Memorando de Entendimiento, dotando al plan de la suficiente flexibilidad para poder  adaptarlo a distintos escenarios.
         En ese sentido, la denuncia explica que el cese de las notificaciones rojas podría lograrse por una vía indirecta, esto es, a través de la aplicación del punto quinto del acuerdo. Este artículo regla la realización de audiencias en Teherán para que la comisión interrogue a los imputados iraníes con notificación roja de Interpol, es decir, solamente a cinco de los ocho acusados.
Si hubiera habido una verdadera voluntad de someter a todos los imputados iraníes a la acción de la justicia argentina, como se argumentó ante la opinión pública, todos ellos –los ocho- hubieran estado incluidos en esas audiencias y se hubieran acordado verdaderas declaraciones indagatorias conforme la ley argentina, y no meras entrevistas. Del texto del acuerdo no surge, en modo alguno, que el interrogatorio esté a cargo de las autoridades judiciales argentinas como así tampoco incluye referencias expresas a la aplicación de la normativa procesal argentina en ese acto y, menos aún, habilita al juez a detener a los imputados. Por el contrario, la acusación debe estar respaldada por un juez iraní de acuerdo a lo reglado por la ley iraní, lo que nunca sucederá si se tiene cuenta lo expresado públicamente por el régimen de Teherán, en tanto afirmó haberse asegurado de la inocencia de todos sus ciudadanos.
Ello demuestra que estas audiencias constituyen una vía indirecta prevista para dar de baja las notificaciones rojas. Una vez que los iraníes buscados por Interpol participen de esas simples entrevistas, se podría argumentar que han desaparecido los motivos legales para seguir requiriendo su máxima prioridad de búsqueda, habilitando –de esa forma- el cese de las notificaciones rojas.
Sin embargo, es completamente falaz afirmar que los imputados se encontrarían a derecho con solo presentarse a la entrevista ante la “Comisión de la Verdad”, conforme lo estipula el punto 5. La amplitud y vaguedad del instrumento y las múltiples interpretaciones posibles, abrirían necesariamente un debate, con el sólido riesgo de que esta discusión se desarrolle con las notificaciones rojas ya extintas. Como puede advertirse, todo está estructurado para la impunidad, con varias alternativas posibles para lograr tal fin.
Por otra parte, el Memorando de Entendimiento está dotado de un enmarañado proceso de aplicación que exige, para que un imputado iraní se siente a escuchar los cargos de la justicia argentina, la verificación de una larguísima serie de procedimientos, alguno de ellos de imposible cumplimiento, atento a la incompatibilidad con las respectivas legislaciones: 1) que ambos países ratifiquen internamente los términos del acuerdo; 2) que se remitan mutuamente las notas reversales notificando dicha ratificación; 3) que cada uno de los signatarios proceda a la elección de personas de reconocida trayectoria jurídica y probidad personal para que integren la “Comisión de la Verdad”; 4) que los elegidos acepten la designación; 5) que entre ambas partes y de común acuerdo, seleccionen al quinto miembro de la comisión, es decir, a su presidente; 6) que los miembros de la Comisión redacten las reglas del procedimiento al que se sujetarán, las cuales deberán ser aprobadas por ambas partes; 7) que la Comisión solicite y reciba información del caso AMIA por parte de las autoridades argentinas y/o iraníes; 8) que la información y las pruebas requeridas se traduzcan; 9) que cada uno de los miembros de la comisión analice las pruebas remitidas; 10) que se reúnan para emitir recomendaciones; 11) que se notifiquen dichas recomendaciones a los signatarios; 12) que se establezca una fecha para cumplir con las audiencias; 13) que se cite a los imputados; 14) que éstos efectivamente comparezcan a un interrogatorio que –cabe aclarar- no reúne las condiciones mínimas para ser considerado una declaración indagatoria válida para el derecho argentino. Ninguno de estos pasos tiene plazo determinado para ser cumplido. Tan es así, que han pasado dos años desde la firma del Memorando y todavía Irán no ha comunicado por nota reversal la ratificación del acuerdo.
Con contundencia, la denuncia demuestra que los términos de este pacto, reflejo de una actividad criminal subyacente, están redactados de modo tal que muy sencillamente se puede demorar en forma indefinida su cumplimiento. Lo único que importó fue favorecer y encubrir a los imputados, garantizándoles impunidad. Por eso el acuerdo no garantiza ley ni proceso y solo garantiza impunidad. 
         Ahora bien, el memorando permite que la impunidad definitiva sea también alcanzada mediante la efectiva actuación de la “Comisión de la Verdad” cuya finalidad consiste en recibir y valorar nuevas pruebas y presentar una nueva hipótesis sin iraníes como acusados, legitimando el redireccionamiento de la pesquisa. Poco importa su futura conformación, dado que las conclusiones ya fueron arregladas de antemano, con independencia de quienes vayan a ser luego elegidos como sus miembros.
Para ello, el pacto guarda en la amplitud de su redacción cierto grado de sutileza. Con ese norte, se decidió que las conclusiones de la comisión no fueran propiamente vinculantes, dado que ello hubiera sido demasiado evidente. Pero en los hechos es como si lo fueran, ya que los gobiernos se comprometieron a atar “sus futuras acciones” a los descubrimientos y recomendaciones de la comisión creada que, como su nombre lo sugiere, desentrañará “la verdad”. Esto obliga al Estado Argentino y a sus distintos órganos, a atender al referido dictamen.
La comisión tiene la capacidad de descartar lo actuado por la justicia, generando un efecto deslegitimador irreversible. Al respecto, el agente iraní Jorge Khalil, el mismo día de la firma del memorando, expresó: “…alguien va a salir con la cara manchada de acá…” y ciertamente estaba seguro que no sería el país al que sirve porque “…Obvio, eso ya está arreglado¿Cómo va a ser para el lado nuestro, boludo? Si nosotros estamos sentados en la mesa…”. Al respecto, los referentes iraníes reconocían que: “…si se cae la traffic, olvidate, se cayó todo…no solamente se cayó, sino que se da vuelta… [en referencia a la conclusión judicial que asevera que la bomba se encontraba dentro de una camioneta Renault traffic]… ya está… ¿Me estás cargando?...ya está, no te puedo hablar, adelantar nada, pero YA ESTÁ TODO”. Así, se demostró que los agentes de inteligencia argentinos e iraníes tenían la seguridad que los acusados iban a quedar liberados de la imputación de la justicia. “…Que en un año y medio tengamos las buenas noticias…” es la expresión inequívoca que reflejó ese pensamiento. Estaba todo arreglado.
         En otro pasaje de la denuncia se comprueba que autores y cómplices, como parte integral del plan criminal, ya habían planificado y avanzado en la fabricación de una hipótesis acusatoria falsa, con pruebas inventadas, para redireccionar la pesquisa hacia terceros inocentes y así desligar definitivamente a los nacionales iraníes.
Presente ello, en una fecha tan temprana como noviembre de 2012, el agente iraní Jorge “Yussuf” Khalil ya se había reunido con el Dr. Héctor  Yrimia, ex fiscal que intervino en la causa y ex juez de Instrucción, actualmente vinculado a un sector de la Secretaría de Inteligencia y partícipe de la maniobra que se denuncia. Así lo relató: “…tuve una charla con el fiscal…El fiscal de la causa…el que estaba, no el que está ahora…El que sabe es éste que te digo…el fiscal de la causa….”. Para luego señalar que el contacto con Yrimia le llegó a través de Fernando Esteche: “…Y, el que me sienta es Fernando”.
Habían decidido recurrir a individuos que hubieran tenido contacto con la investigación del caso AMIA, como el caso del nombrado Yrimia, sumamente útil como fuente de información para la fabricación de la nueva hipótesis porque estuvo en una posición privilegiada de contacto directo con el expediente a raíz de su función como Fiscal del caso AMIA: “eso te puede servir bien concreto para cualquiera de las tesis distintas de….tercer país o lo que fuera, cualquiera de las cosas que vayan a resolverse va a servir porque es información”. Así, estuvieron en condiciones de elegir la mejor falsa hipótesis, la más creíble, porque contaron con información del caso.
Y como la decisión de crear un “nuevo culpable” ya había sido tomada, resultó vital contar con información que se apoye en datos ya incorporados a la causa, y que permitieran fabricar la más creíble de todas las falsas versiones. Al respecto, en diciembre de 2012, Fernando Esteche aseveró: “quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA, el nuevo responsable de la AMIA, es una necesidad que tienen que construirla…”. De esa misma conversación se desprende que esa tarea quedó a cargo de funcionarios de la Secretaría de Inteligencia, especialmente designados para ello.
Para construir este “nuevo enemigo”, como “no van a poder decir que fueron los israelíes”, porque claramente no sería creíble, entonces tenían que armar una hipótesis falsa pero verosímil y hasta hablaron de involucrar a “una conexión de fachos locales”. También se especulaba con que: “…si se cae la trafic, olvídate, se cayó todo…no solamente se cayó, sino que se da vuelta…”, aludiendo a la desarticulación ilegal de la conclusión judicial que explica que una camioneta Renault Trafic fue utilizada para provocar la explosión del edificio de la AMIA.   
         Es decir, ya en noviembre-diciembre de 2012, cuando ni la justicia ni los familiares sabían qué estaba ocurriendo con la negociación entre Argentina e Irán, los partícipes del encubrimiento conocían perfectamente que se venía un cambio de hipótesis y el redireccionamiento fraudulento de la investigación hacia nuevos imputados. Esto era así, pues ellos mismos estaban justamente a cargo de armar la falsa acusación.
El objetivo de generar esta hipótesis fraguada y redireccionar la pesquisa ha sido: “…la esencia del nudo, el núcleo del nudo…es la inocencia de Irán…”. Sin importar las evidencias, los hechos o su verdadera responsabilidad en el atentado, los ciudadanos iraníes iban a ser desvinculados de la causa, se le iba a lavar la cara a Irán y ello estaba cerrado “muy arriba”, es decir, tenía el sello presidencial. La orden para ejecutar el delito provino directa y personalmente de la Presidente de la Nación.
         Todo había sido acordado, se iba a utilizar el caso AMIA como una pieza para saciar intereses geopolíticos en el nuevo tablero internacional. Casi con ironía, al suscribir el acuerdo, el canciller emitió un comunicado que rezaba: “…El gobierno nacional ratifica que el único compromiso es con las víctimas y el derecho de sus familiares a hallar en la verdad y en la justicia la reparación debida. Argentina reafirma que en dicho objetivo no hay lugar para intereses geopolíticos, ni propios, ni ajenos…”. Esto no era cierto. La denuncia ha puesto al descubierto que intereses comerciales y geopolíticos fueron el verdadero motor de un plan secreto de impunidad que nada tiene que ver con la búsqueda de justicia.
Por eso, personal de inteligencia implicado en la maniobra denunciada afirmó “…estamos en otro país, es otra situación mundial y hay que trabajar en otro contexto…” y “…va a venir otra hipótesis con otras pruebas…” que iban a descolocar totalmente al Dr. Alberto Nisman, fiscal de la causa AMIA, “porque nunca las vio, él, las pruebas…lo que viene ahora”, pruebas que –por supuesto- eran inventadas.
         Por otra parte, la denuncia destaca la tranquilidad con la que actuaron todos los partícipes del plan de impunidad, en particular el personal de inteligencia involucrado en la maniobra, que se desenvolvió libremente sin considerar necesario actuar de modo encubierto, ni siquiera ante la extrema sensibilidad del asunto que llevaba adelante. Ello se debió simplemente a la circunstancia de haber actuado por órdenes superiores, por directivas expresas de la Presidente de la Nación, razón por la cual sólo tuvieron que preocuparse por camuflar sus actividades en relación a terceros y no respecto de sus superiores y/o de sus cómplices iraníes. La redirección de la investigación y el desprestigio de las autoridades judiciales a cargo de la investigación tenían el sello presidencial. Se reconocía: “tranquilo, está cerrado muy arriba”.
         La presentación del Dr. Nisman también detalla la contribución personal, tanto la Sra. Presidente como su Canciller, al perfeccionamiento del plan criminal. Ambos se involucraron en una campaña política y mediática caracterizada por toda una artillería de falsedades, de promesas que estos funcionarios sabían perfectamente que nunca cumplirían, de puestas en escenas y demás estrategias comunicacionales falaces, cuyo único objetivo fue predisponer favorablemente a la opinión pública.
         Los encubridores mintieron sobre el momento en que verdaderamente se habían iniciado las negociaciones, sobre la entidad de las cuestiones negociadas y sobre cuál de las partes había propiciado e impulsado el acercamiento. También se recurrió a intermediarios clandestinos y a reuniones “pantalla” para avanzar con la negociación secreta. Por ello se desmintió y se cuestionó a la prensa cuando comunicó circunstancias de la negociación que se habían pretendido mantener en secreto. Y se atacó a ex funcionarios del gobierno que confirmaron la existencia de antecedentes al pacto que, justamente por sus implicancias ilegales, no habían prosperado en el pasado.
         Además, desde un inicio se pretendió instalar, entre otras falsas cuestiones, la idea de que la causa por el atentado a la AMIA estaba paralizada prácticamente desde que comenzó. En efecto, en el discurso ante la 68° Asamblea General de Naciones Unidas, del 24 de septiembre de 2013, la Sra. Presidente afirmó: “…la causa está estancada, desde hace 19 años no se moviliza…”. Tamaña falsedad ha sido refutada por el fiscal de la causa, Dr. Nisman, quien detalló numerosos y significativos avances que tuvo el expediente, desde que se creó la Unidad Fiscal a su cargo.
         Entre ellos, se destaca que en el año 2005, luego de diligencias y medidas probatorias realizadas en Estados Unidos, con asistencia de la Fiscal de la Unidad de Contraterrorismo del Distrito Este de Michigan, Dra. Bárbara Mc Quade y en virtud a información aportada por la Secretaría de Inteligencia, se estableció que quien condujo la camioneta traffic que estalló frente a la sede de la AMIA fue el ciudadano libanés Ibrahim Hussein Berro.
         Luego, en el año 2006, se solicitó la captura nacional e internacional de un conjunto de imputados (ocho iraníes y un libanés), que fue avalada por amplia mayoría en la Asamblea General de Interpol de noviembre de 2007. Al año siguiente, en 2008, se concluyó la labor que dio lugar a la denuncia por otro encubrimiento verificado en este caso, que beneficiara al imputado Alberto Jacinto Kanoore Edul y que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral. Además, a fines de 2008 se dictaron los embargos preventivos contra las propiedades de los acusados, resultando en la inhibición general de bienes que Mohsen Rabbani posee en nuestro país.
En 2009, la fiscalía del Dr. Nisman emitió un nuevo dictamen relativo al atentado. Allí se plasmó el trabajo relacionado con la identificación del coche bomba utilizado en el ataque y se explicó en detalle el funcionamiento de la célula terrorista de Hezbollah que actuó en la ejecución material del hecho. Incluso se pudo establecer la identidad y la participación del jefe de dicho grupo operativo, el libanés Samuel Salman El Reda, a quien se le atribuye haber coordinado la llegada y la partida, las operaciones de logística y las demás actividades desplegadas por el grupo operativo encargado de ejecutar la fase final del atentado. Sobre este sujeto también se dictó orden de captura nacional e internacional y la máxima prioridad de búsqueda de Interpol. En ese pronunciamiento, se determinó que El Reda era un miembro activo del Hezbollah libanés, de una probada vinculación con destacados personajes radicados en la Triple Frontera, pertenecientes a esa organización. 
En 2013, en virtud de la actividad investigativa realizada por esa fiscalía, que incluyó la obtención de testimonios en el extranjero y de la prueba recolectada en los dos años anteriores –justamente relacionada con actividades ilegales de agentes al servicio del régimen de Teherán- se emitió un nuevo pronunciamiento de más de quinientas páginas, en el cual se estableció la modalidad del régimen iraní para infiltrar varios países de Sudamérica e instalar allí estaciones de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas, en consonancia con sus postulados de exportación de la revolución.
La obtención de esta información fue central para contextualizar, regional y estratégicamente, el atentado contra la sede de la AMIA, así como también para acreditar con mayor detalle el rol del imputado Mohsen Rabbani en dicho ataque, fortaleciendo –de ese modo- la imputación previa. En ese dictamen se demostró que el atentado contra la mutual judía no se trató de un hecho aislado, sino que resultó ser un engranaje de un entramado mucho mayor, dominado por la política de penetración iraní en la región.
Así como se buscó instalar la falsa premisa de que la causa por el atentado contra la AMIA “estaba paralizada”, también se pretendió engañar a la opinión pública aseverando que con el Memorando de Entendimiento “no había nada que perder”. Esto constituyó un nuevo argumento falaz destinado a justificar el acuerdo que, como la denuncia demostró, era el camino de la impunidad de los acusados iraníes por el atentado contra la AMIA. Cabe tener presente que pende sobre la causa la posibilidad de que, nuevamente, sea acribillada de nulidades si se avanza con acciones procesales no previstas por la ley y contrarias a la Constitución Nacional y los principios de derechos público previstos en ella.
         Es falso que no haya riesgos. En concreto, el Memorando de Entendimiento incluyó entre sus disposiciones la obligación de entregar la totalidad de las actuaciones en trámite ante la justicia argentina -no a los imputados, lo que corresponde por derecho- para su revisión por parte de la “Comisión de la Verdad” prevista en el convenio. Justamente, la eventual puesta en conocimiento de las autoridades iraníes de informaciones, investigaciones, revelaciones y/o conclusiones elaboradas por organismos y/o agencias extranjeras, constituyó una severa perturbación a los canales internacionales que nutren a la causa de elementos probatorios de interés, lo que claramente se ha erigido en una traba que opera en detrimento de la investigación. En los hechos, ya se produjeron perjuicios, pues terceros países han cesado, a partir de la firma del acuerdo, en el envío de información.
En realidad y así quedó expuesto en la presentación judicial, lo único que desde siempre se necesitó destrabar en la causa AMIA ha sido la firme negativa de Irán a extraditar a sus nacionales, para ponerlos a disposición de la justicia argentina.
En el marco de esta misma campaña, Héctor Timerman afirmó que la negociación con Irán no incluía temas comerciales y alegó públicamente en febrero de 2013: “…¡Cómo voy a hacer algo que está prohibido por las Naciones Unidas!…no puede haber intereses económicos…porque hay sanciones económicas impuestas por las Naciones Unidas, de las cuales la Argentina es suscripta, que impiden el comercio con Irán más allá del que se está realizando, que es en granos, y eso no lo hace el gobierno argentino…lo hacen las empresas privadas….yo les pedí que no lo hagan…”. Lo cierto es que, a excepción de un conjunto de insumos relacionados con el plan nuclear iraní, no existe óbice legal que impida intercambios comerciales de Estado a Estado entre Argentina e Irán. Todas las resoluciones que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha dictado impidiendo a los países miembros comerciar con la República Islámica de Irán se han referido a artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías relacionadas con el enriquecimiento, reprocesamiento de minerales nucleares o agua pesada, o con el desarrollo de sistemas de vectores de armas nucleares. Más aún, en contradicción con las declaraciones aquí transcriptas, en abril de 2011 y en ocasión de una conferencia de prensa que brindó en una visita a Israel junto con su par israelí Avigdor Lieberman, Timerman afirmó: “…no existe ningún problema de comerciar con Irán. Argentina no tiene ningún embargo contra Irán. Irán no tiene ningún embargo contra Argentina…”. Y en clara contradicción con lo declarado por Timerman, la denuncia acreditó con pruebas irrefutables que, en forma secreta, Cristina Fernández ordenó que el Ministro De Vido se reúna con D’Elía para así transmitir a Irán el interés del gobierno argentino de intercambiar granos por petróleo.
También con el objeto de deslegitimar la investigación judicial por el caso AMIA, Timerman hizo declaraciones completamente inexactas sobre las vicisitudes del trámite de extradición del Embajador iraní en la Argentina para la época del atentado, Hadi Soleimanpour, ante las autoridades del Reino Unido. En el Plenario de Comisiones del Senado de la Nación, el Canciller declaró: “…el pedido de extradición ordenado por la Argentina del ex embajador iraní Hadi Soleimanpour fue desechado por la justicia británica debido a la inexistencia de pruebas...que Interpol se negó a emitir una circular roja por considerar que ya había sido detenido y sobreseído y liberado por falta de pruebas...”. Una vez más, los hechos se probaron alejados de las palabras. No fue una corte británica, sino el Subsecretario de Estado del Reino Unido quien decidió no dar curso al juicio de extradición de Soleimanpour, que no se pudo sustanciar, por razones de índole política no expresadas en la decisión y en virtud de una prerrogativa legal prevista en el tratado de extradición que rigió el caso. En suma, si no se pudo lograr la extradición de Soleimanpour en aquel momento fue por una decisión política y no razones judiciales o probatorias. Soleimanpour no fue nunca sobreseído por la justicia inglesa, como se dijo. Esto fue también advertido por la Cámara Federal y expuesto en el fallo fechado en 15 de mayo de 2014, que declaró inconstitucional al Memorando de Entendimiento con Irán, y a su ley aprobatoria.
         Asimismo, en la denuncia quedó expuesto el modo en que la Dra. Fernández y el Sr. Timerman han manipulado a sobrevivientes, a familiares de las víctimas del atentado y a instituciones judías comunitarias, desplegando una completa artillería de mentiras, falacias y engaños que tuvieron su ejemplo emblemático en la promesa presidencial, flagrantemente incumplida, que aseguraba una consulta con familiares y víctimas, previo a la aceptación de cualquier propuesta por parte de Irán. En septiembre de 2012, la primera mandataria expresó: “…tengan la certeza de que esta Presidenta no va a tomar ninguna resolución respecto de ninguna propuesta que le sea formulada, sin consultar PREVIAMENTE con quienes han sido las víctimas directas de esto. Y, al mismo tiempo también, con las fuerzas políticas con representación parlamentaria en mi país, porque esto no lo puede decidir una sola fuerza política…”.
         Contrario a lo prometido, jamás se los consultó. Es más, los familiares y las víctimas del atentado debieron enterarse por los medios de comunicación de la firma del Memorando de Entendimiento con la República Islámica de Irán. Así lo afirmó el entonces Presidente de la AMIA, Guillermo Borger: “este memorando nos sorprende a toda la ciudadanía el pasado 27 de enero, jamás fue consultado, ni siquiera comentado”.
         Los familiares y las instituciones tampoco fueron escuchados cuando expresaron en el Congreso Nacional su rechazo mayoritario a la ratificación del acuerdo. Sofía Guterman, madre de una joven fallecida en el atentado, declaró: “… Nadie nos dijo nada. Me sorprendió mucho…No pensé que iban a apurar tanto el trámite, pero evidentemente la carrera se terminaba y tenían que llegar a la meta propuesta…Me repugnó cuando Pichetto dijo ´apuremos que la presidenta dijo que se termine´…”, en referencia al jefe de la bancada oficialista, Miguel Ángel Pichetto. Así también, Laura Ginsberg, viuda de otra víctima del atentado, afirmó: “…Uno esperaría que el Congreso fuera un ámbito de reflexión, Timerman imprimió, como también lo senadores del oficialismo, las características de un ambiente pobre, chicanero y vulgar…” y en alusión al debate, señaló: “…estuvo en manos de Timerman y del gobierno, porque la intención de ellos era apurar rapidito la ley…”. Finalmente, sentenció: “…Lo único que el gobierno quiere es sancionar lo antes posible esta ley, que significa un punto final para el tema de la AMIA…”.
         Ante el rechazo inicial al acuerdo, por agrupaciones de damnificados y por las instituciones comunitarias, Timerman intentó revertir esta reacción mediante una nueva manipulación, que tuvo lugar el 29 de enero de 2013, cuando se reunió con estos actores claves, que propiciaban un anexo al Memorando de Entendimiento.
         En esa ocasión y luego de la reunión con el canciller argentino, el entonces Presidente de la AMIA, Sr. Guillermo Borger, dijo públicamente: “…el canciller está dispuesto a generar una nota aclaratoria…El canciller contestó a todas las dudas y prometió suscribir él en persona, y probablemente con la Presidenta un documento anexo que aclare estas dudas…El anexo, que deberá ser aprobado también por Irán y llevaría la firma de la presidenta Cristina Kirchner, deberá ser ratificado por el parlamento…”. La agrupación “Memoria Activa”, que también participó de la reunión, emitió el siguiente comunicado: “…Memoria Activa concurrió el martes 29/1 a una reunión convocada por el canciller Hector Timerman en la sede de la AMIA. En la misma el canciller aclaró los términos del acuerdo en relación a los siguientes puntos, que pasan a ser las bases innegociables del mismo y que serán ratificadas por el gobierno argentino por escrito: 1-Los imputados serán indagados en Teherán bajo el código penal procesal de la República Argentina por el juez y el fiscal de la causa AMIA. 2- Las alertas rojas y pedidos de captura de Interpol de los imputados se mantendrán vigentes….” Sin embargo, luego trascendió que el Canciller Timerman negó haber accedido a elaborar ningún tipo de anexo al pacto.  
         Resumiendo, la denuncia comprobó que para llevar a buen puerto el acuerdo con Irán y lograr la impunidad de los acusados, se tuvo que incumplir la promesa de una consulta previa a cualquier acuerdo y el compromiso asumido para negociar un anexo al convenio. Se hizo creer que se buscaría el consenso de todo el arco político para avanzar en un pacto, pero –en los hechos- se desoyeron completamente las múltiples y extendidas opiniones contrarias al memorando.
         Quedó claro, entonces, que dijeran lo que dijeran los familiares la decisión estaba tomada. El memorando había sido firmado para garantizar un objetivo oculto: dotar de impunidad a los acusados iraníes y permitir al gobierno argentino justificar ante sus ciudadanos y la comunidad internacional el restablecimiento de las relaciones comerciales y el alineamiento con Teherán. Por ello, el acuerdo debía ser aprobado a cualquier costo, porque despejaba el único escollo que existía para asociarse con Irán. Era estrictamente necesario para la consecución del plan criminal pergeñado.
         Una Presidente que públicamente se ha regodeado manifestando a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas su compromiso en la búsqueda de verdad y justicia, que ha declarado que su gobierno no permitirá que se use el caso AMIA en el ajedrez de la geopolítica mundial, que ha tomado cartas en el asunto porque “la causa estaba paralizada”, que celebró la firma de un acuerdo “histórico”; fue, en realidad, la principal artífice, junto con el Canciller Timerman, de la fraudulenta desarticulación de la investigación y del encubrimiento de estos acusados. En el discurso se habló de justicia y verdad. En los hechos se acordó impunidad.
         La denuncia también expone que la reunión del 28 de septiembre de 2013 entre los cancilleres de ambos países fue una puesta en escena previamente pautada y, en realidad, gestada a pedido de Cristina Fernández para engañar a la opinión pública argentina.
         El 24 de septiembre de 2013, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Dra. Fernández reclamó fuertemente a las autoridades iraníes que respondan a las solicitudes argentinas en relación al pacto firmado varios meses atrás. Días después, el jueves 26 de septiembre, Héctor Timerman afirmó haber recibido un llamado del canciller iraní para concertar un encuentro el sábado 28: Hace unos minutos hemos recibido una llamada de las autoridades de la República Islámica de Irán solicitando tener una reunión en el marco de las Naciones Unidas entre los dos cancilleres para tratar el tema del memorándum…”. El Ministro Timerman aclaró que el objetivo del encuentro era: “…conocer el estado actual del memorándum de acuerdo a la legislación iraní, es decir, si fue aprobado por el Congreso o no. Si fue aprobado por el Congreso, entonces, establecer el marco con el cual vamos a formalizar la fecha de conformación de la Comisión y al mismo tiempo el viaje de las autoridades judiciales a Teherán…Y si no fue aprobado, cuándo se aprobará…”.
         La puesta en escena aquí detallada tuvo por objeto que la gente crea que la diplomacia argentina estaba obteniendo resultados y que Irán cedía ante el fuerte discurso de Cristina Fernández ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, lo cierto fue que las verdaderas e ilícitas intenciones del gobierno argentino fueron transmitidas a través de una diplomacia paralela conformada por canales de negociación y comunicación alternativos entre ambos gobiernos que actuó para que la realidad se acomodara a los intereses de los encubridores. A través de estos canales, la Dra. Cristina Fernández indirectamente entabló comunicaciones con altos mandos iraníes y con el mismo Mohsen Rabbani. El mensajero argentino Luis D’Elía especificó el pedido: “…tengo un mensaje urgente del gobierno argentino, para pasar allá urgente [en referencia a Irán], antes de mañana…Estoy en la casa de gobierno ahora…no hay asunto más importante que este, créemelo….necesito que hables con el Sheik de allá [en referencia a Mohsen Rabbani] mira que es muy groso lo que tengo eh!...”. Una vez más el imputado Mohsen Rabbani fue avisado al instante de los mensajes de Cristina Fernández.
         Presidencia de la Nación quería comunicarse con Teherán con suma urgencia, un día antes del encuentro de cancilleres y a través de los canales no oficiales. El mensaje no fue transmitido por el Palacio San Martín a la cancillería iraní. No se comunicó Héctor Timerman con Mohammad Javad Zarif Khonsari, a pesar de que ambos se encontraban en Nueva York. No podía hacerse de esa manera. Sino que el mensaje salió del despacho presidencial de la Dra. Fernández, llegó a Luis D´Elía, a Jorge “Yussuf” Khalil, al Encargado de Negocios Iraní en Buenos Aires, y de allí a Teherán. Secreto. Oculto. Completamente inaudito. Propio del plan criminal llevado adelante.
         En este caso concreto, la Sra. Presidente buscaba obtener ciertos pronunciamientos públicos por parte de Teherán, aunque fueran falsos, porque serían funcionales al plan de impunidad. El receptor del mensaje de D’Elía y transmisor a Irán, Jorge Khalil, reveló la información al expresar: “…Necesita que el gobierno iraní junto con el gobierno argentino mañana anuncie la conformación de la Comisión de la Verdad…Y también que se defina el día, en el mes de enero, en que el juez argentino pueda viajar a Teherán….”.
         Los elementos probatorios aportados en la denuncia demuestran tres cuestiones. Primero y una vez más, el interés imperioso de los encubridores en avanzar con el plan. El tema no figuraba en la agenda de Irán en Nueva York: “…la reunión se hace de apuro a pedido de Cristina…” y “…fíjate que Rohani ni habló del tema AMIA en su discurso…”. La actitud pública de Argentina de “apurar” a los iraníes fue pour la galerie o “para la galería”. 
Segundo, quedó en exposición que había cosas que se conversaron y arreglaron de antemano sin ser comunicadas a la opinión pública, a la que se buscó engañar con puesta en escenas, falsas negociaciones, acuerdos ocultos, etc. Más allá de las reservas propias con que se tratan temas delicados, en este caso, la confidencialidad tuvo por único fin engañar y ocultar actividades ilícitas. Fue un instrumento para aparentar y no ser descubiertos.
Tercero, estas pruebas pusieron en evidencia que, por detrás, sin que nadie lo supiera, estaba todo arreglado y, en realidad, no existió ningún secreto ni expectativa, porque las autoridades argentinas sabían lo que ocurriría en la cumbre. A través del canal paralelo por el que también se ejecutó este encubrimiento, Luis D´Elía llamó a su amigo Jorge “Yussuf” Khalil, referente orgánico de Irán en el país, para transmitirle un mensaje que debía llevar a Teherán, sobre lo que la Presidente necesitaba que los iraníes anuncien en el encuentro, para engañar a la ciudadanía respecto del estado real de situación.
          La reunión del sábado 28 de septiembre de 2013, entre Timerman y el flamante Canciller iraní Mohammad Javad Zarif Khonsari, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, fue una mise en scene, es decir, una puesta en escena para que la gente crea verdaderamente que estaban negociando algo  y/o que la diplomacia argentina estaba obteniendo resultados en función de la reciente demanda pública de la mandataria.
      Como lo acreditó la denuncia, lo cierto fue que las autoridades argentinas pidieron –por canales no oficiales- un anuncio conjunto de ambos cancilleres y definiciones sobre varios temas, algo, aparentemente, demasiado ambicioso. Pero los iraníes, en lo que pudo ser “…un gesto…hacia el gobierno argentino en vísperas de elecciones…”, aceptaron meramente que Timerman anuncie pública, aunque no conjuntamente, que Irán había aprobado el memorando con el aval del Consejo Superior de Seguridad Nacional y del Líder Supremo, fuera cierto o no. Nuevamente “pour la galerie”. Como se verá, nada de esto fue verdad.
         Aquel sábado 28 los cancilleres tuvieron dos reuniones, con consultas intermedias a sus mandatarios. No se intercambiaron las notas reversales. El tratado no entró en vigor. No se definió ningún plazo respecto de la “Comisión de la Verdad” ni sobre las audiencias de Teherán. No hubo ningún anuncio conjunto. Ninguna autoridad iraní declaró nada oficialmente.
         De hecho, en Irán, la pretendida aprobación del acuerdo fue meramente informada por el “Tehran Times” que tomó como única fuente de esta novedad a la agencia de noticias oficial argentina TÉLAM.  Inédito. El diario persa “Tehran Times”, uno de los más importantes de Irán, en su tarea de informar sobre una decisión adoptada por el gobierno de su país refirió como fuente a la agencia oficial de noticias de otro país, Argentina. La denuncia destaca lo sugestivo de este dato: ¿Cómo puede ser que la fuente no haya sido iraní? ¿Cómo puede ser que para un acto de gobierno decidido y producido en Teherán la fuente del “Tehran Times” haya sido TÉLAM?
         Este episodio resultó ser un ejemplo de la existencia de canales de comunicación y negociación paralelos a los oficiales y ocultos a la opinión pública, demostró que varios detalles sobre el plan criminal se arreglaron en secreto y con antelación por tales canales y que las manifestaciones públicas de la Presidente y el Canciller fueron solo maquillaje mediático para engañar a la ciudadanía respecto a la real situación del caso AMIA. Esto fue fundamental porque los encubridores necesitaron contar siempre con el mayor apoyo posible por parte de la opinión pública para facilitar la implementación de su plan criminal.          
         Así, la mendacidad y el doble discurso han sido la regla en este asunto. La gravedad de las acciones a ocultar eclipsó los medios para hacerlo. Era tan terrible lo que se pretendía esconder -el encubrimiento de terroristas prófugos- que se recurrió a cualquier medio para lograr ese objetivo. No se reparó en mentir y/o engañar públicamente al parlamento, a los damnificados, a las instituciones judías, a los familiares y a la ciudadanía toda, si ello podía contribuir a mantener oculto el plan encubridor. Tan es esto así, que mientras transcurrían las negociaciones diplomáticas públicas, el plan de impunidad avanzó solapadamente a través de canales paralelos de comunicación y negociación con Irán.
         La denuncia explicó que la calidad delictiva del plan necesitó –justamente- contar con estos canales paralelos, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con la impunidad de los acusados iraníes por el caso AMIA. La actividad de estos canales configuró, sin más, una diplomacia paralela de facto, es decir, una diplomacia para estatal que, desde las sombras, permitió llevar adelante el plan criminal, por expresas directivas y órdenes de la Sra. Presidente.
         En efecto, múltiples elementos probatorios corroboraron la existencia de estos canales paralelos al oficial, interconectados con el mismo, que facilitaron los contactos entre Teherán y Buenos Aires, a los fines del objetivo delictivo. Como ejemplo de estos mensajes ocultos, la denuncia reproduce los dichos de Khalil:…vengo de La Matanza recién he tenido una reunión con Luis D´Elía y el “Cuervo” Larroque, el de la Cámpora…que me llamaron temprano que querían hablar conmigo, que tenían un mensaje para el gobierno para dar…Y ahora me voy para Martínez a dar el mensaje, a la casa del Embajador…”, en referencia al Encargado de Negocios de Irán en Argentina, máxima autoridad oficial en territorio nacional. Al respecto, Khalil también dijo: “…Larroque…se sentó conmigo y me dio un mensaje que tengo que transmitir a la embajada. Fui a la embajada y transmití lo que tenía…” y aclaró: “…ellos me mandaron a hacer una cosa, yo como soy el nexo…”.
         Estos canales también fueron utilizados para hacer llegar información actualizada a Mohsen Rabbani, de distintos aspectos configurativos del plan destinado a encubrirlo, y contribuyeron al desarrollo de acciones destinadas a la creación de una versión alternativa y falsa sobre el atentado, verosímil a la opinión pública, para redireccionar la pesquisa hacia nuevos imputados.
         La circunstancia de que las autoridades iraníes hayan estado al tanto de lo que resolvía y decidía el gobierno argentino, volvió a demostrar que el Memorando de Entendimiento, lejos de haber sido elaborado para contribuir con la causa, como falsamente se proclamó, fue el disfraz jurídico de un acuerdo ilegal previo y mucho más amplio.
         Ahora bien, los autores de este encubrimiento siempre tuvieron claro que una parte importante del mismo consistía en contar con la buena predisposición de las autoridades del régimen iraní y de sus referentes locales, dado que la aquiescencia, o mejor aún, el respaldo de estos actores, contribuiría a facilitar el avance del plan criminal. En esa línea, la denuncia constató la concesión de una serie de favores concretos, como por ejemplo: facilitación de gestiones, promesas de puestos de trabajo y acceso a contactos importantes; todos ellos procurados a los referentes locales del régimen.
         La prueba reunida reveló que, producto de las negociaciones entabladas secretamente y de esta alianza forjada sobre ochenta y cinco muertes que se decidió quedaran impunes, se comenzó a dar una relación de apoyo y protección del gobierno a los iraníes y sus representantes en Argentina. Estos referentes comenzaron a tener acceso a los despachos de distintos funcionarios de la gestión de Cristina Fernández. Por ejemplo: personal de inteligencia involucrado en el plan le prometió a Khalil cargos en la Dirección Nacional de Aduanas y en el Ministerio de Interior y Transporte para gente de la comunidad chiita. Por su parte, Luis D’Elía garantizó el contacto directo con el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, para resolver unos problemas impositivos que le mencionó Khalil.
         Y como se dijo, todo era reportado constantemente a Mohsen Rabbani, incluso estos favores y la buena predisposición del gobierno: “…muchas cosas lindas que estamos viendo…reunidos con el Ministro…porque el Ministro va a hablar con la Presidente, me dijo hoy, para que me reciba…tengo ganas de verla a la Presidenta…”. Al respecto, Rabbani entendía que: “…nosotros…habíamos conversado con Argentina…Irán fue el primer comprador de Argentina y ahora no compra casi nada…pero…puede cambiar esta situación con ustedes y con el gobierno”, en alusión a los actuales referentes de Irán en Argentina, como Khalil, y las autoridades del presente gobierno argentino.
En esa misma línea se interpretó, por ejemplo, el episodio que tuvo lugar en noviembre de 2012, antes de firmarse el acuerdo, cuando Luis D’Elía y Andrés Larroque le solicitaron a Jorge “Yussuf” Khalil que no se sume a una marcha organizada por partidos de izquierda en defensa de la “causa palestina” porque ese tipo de acciones podían repercutir en las –en aquel momento- nuevas relaciones bilaterales con Irán. Khalil accedió al pedido y explicó los motivos de su allanamiento: “Me imagino que los troskos van a empezar con mensajes en contra del gobierno, cosa que yo no quierono queremos hacer algo que irrite…no queremos irritar al gobierno argentino…no voy a hacer nada para irritar al gobierno argentino…estamos arreglando un problema mayor para nosotros…”, en evidente alusión a las imputaciones de los iraníes por el atentado contra la AMIA. Y aclaró: “…Aparte fue un pedido del gobierno. Yo estuve hablando con D´Elía y con el Cuervo Larroque y me pidieron eso y yo lo transmití al Safir…y el Safir me dijo lo mismo…´no hagamos algo que, que pueda molestar´…”.
La denuncia sostiene que mientras a la sociedad argentina se le decía que se había logrado doblegar, de cierta manera, la histórica renuencia iraní a colaborar con la causa judicial y que Teherán se allanaba a los requerimientos argentinos; lo cierto es que el mensaje recibido en Teherán era otro: la Dra. Fernández había decidido garantizar la impunidad de los iraníes acusados por el atentado terrorista, como prolegómeno al comercio por petróleo persa. Y estaba dispuesta a congraciarse con el régimen a cualquier precio.
Ese fue el mensaje recibido en Teherán, y así lo expresaron sus referentes: “…porque el gobierno ahora está a favor…” de Irán y “…el gobierno banca…”. Incluso los partícipes del encubrimiento dieron por sentado la desincriminación de los iraníes y el consecuente blanqueo de la comunidad, y comenzaron a planificar proyectos futuros. En ese sentido, un agente de inteligencia con activa participación en el plan de impunidad sostuvo: “…hay un montón de temas que tenemos que ir armándolo …con inteligencia…estamos muy bien y hay que laburar tranquilos….tenemos que hacer un trabajo de acá a 10 años...¿me entendés? Que en un año y medio tengamos las buenas noticias, pero acá hay que hacer un trabajo para mucho tiempo…”.
         Los autores y un conjunto de cómplices de este sofisticado plan han sido identificados y acusados en la denuncia del Dr. Nisman, donde fueron caracterizados y se especificaron sus roles y aportes a la maniobra delictiva.
         La primera y más importante referencia alude a la Sra. Presidente de la Nación Argentina, de quien se probó haber emitido una expresa directiva para que se diseñara y ejecutara el plan de encubrimiento tendiente a desvincular a los acusados de nacionalidad iraní en la causa por el atentado contra la sede de la AMIA, a efectos de garantizarles su impunidad definitiva. En varias oportunidades, los partícipes del plan criminal han hecho referencia a ello, asegurando que todo está: “cerrado muy arriba”, todo había sido decidido “al más alto nivel” porque “lo pidió la jefa” y su canciller, obediente, implementó el plan porque fue “orden, orden y orden”.
         Tal fue el grado de compromiso que asumió la Dra. Fernández en este plan criminal de impunidad que se ocupó de seleccionar muy cuidadosamente a algunos de sus colaboradores. Principalmente, delegó gran parte de la instrumentación del plan criminal en su Canciller, Héctor Timerman. Por otra parte, como muchas de las acciones relacionadas con la implementación del plan, por ser notoriamente delictivas, de ninguna manera podían ser ejecutadas por funcionarios nacionales, tuvo que recurrir a intermediarios que oficiaran de nexo entre autores y ejecutores, de modo tal de evitar contactos directos que pudieran comprometer públicamente a los funcionarios involucrados. Para ello, se valió de ciertos sectores de la Secretaría de Inteligencia, del dirigente Luis D´Elía y, especialmente, del Diputado Nacional Andrés Larroque.
         Según la denuncia, en enero de 2011 y por orden presidencial,  Timerman se apartó de la comitiva oficial que visitaba distintos países de Medio Oriente, para dirigirse a la ciudad siria de Alepo, lugar donde mantuvo, en secreto, una reunión con el canciller iraní, Ali Salehi, a quien transmitió el siguiente mensaje: “…la Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, pero en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán…”. Asimismo, las instrucciones presidenciales incluyeron: la instrumentación de un mecanismo que permita disponer el cese de las notificaciones rojas; la autorización a sellar acuerdos secretos con los representantes iraníes; la orden de construir una hipótesis falsa sostenida en pruebas inventadas para fabricar autores para el atentado; entre otras.
Otro aporte destacable al plan de la Dra. Fernández fue el anuncio que efectuó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2012, ocasión en la informó que, en respuesta a un pedido efectuado una semana atrás por la República Islámica de Irán, había instruido a su canciller que inicie un proceso de negociación con dicho país. Esta contribución al plan resultó fundamental, porque en el relato oficial respaldado por la Sra. Presidente se pretendió –y así se hizo- ocultar que ya venían manteniéndose un año y medio de negociaciones secretas y que el acercamiento se había materializado por iniciativa de Argentina, y no de Irán, como se afirmó. No podía reconocer públicamente que le había ordenado a su Canciller que ofreciera a las autoridades iraníes impunidad para sus nacionales, a cambio de un acercamiento geopolítico y comercial. 
         A pesar de negar públicamente que el comercio fuera un interés en la vinculación con Irán, en forma secreta, la Sra. Presidente buscó poner en práctica su decisión de comerciar con Teherán, encomendando gestiones a su Ministro de Planificación Federal, Arquitecto Julio De Vido. El compromiso con los damnificados por el atentado era nulo, al punto que ya para el mes de mayo de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional, por orden de la Dra. Fernández, se hallaba embarcado en negociaciones secretas con Irán para intercambiar petróleo por carne y granos. Más aún y como ya se refirió, la denuncia acreditó irrefutablemente que de estas mismas tratativas comerciales participó Mohsen Rabbani.
         Otra de sus contribuciones tuvo lugar el viernes 27 de septiembre de 2013, un día antes del encuentro entre los Ministros de Relaciones Exteriores argentino e iraní, cuando le ordenó a Luis D’Elía que transmitiera un mensaje al agente iraní Jorge Khalil, quien –luego- especificó el pedido de Cristina Fernández: “…Necesita que el gobierno iraní junto con el gobierno argentino mañana anuncie la conformación de la ‘Comisión de la Verdad’…que por favor lo anuncien en conjunto mañana en la reunión…que se defina el día de la reunión de la ‘Comisión de la Verdad’ y también que se defina el día, en el mes de enero, en que el juez argentino pueda viajar a Teherán…”. Mientras Timerman afirmaba públicamente “…hemos recibido una llamada de la República Islámica de Irán solicitando tener una reunión…”, los referentes iraníes reconocían. “…la reunión se hace de apuro a pedido de Cristina…”.
         La Sra. Presidente decidió la articulación de este plan criminal de impunidad y en todo momento estuvo en control del mismo, ya sea impartiendo órdenes directas a sus cómplices, o bien encabezando la necesaria campaña discursiva para camuflar la perpetración del delito. Eligió a algunos partícipes de la maniobra delictiva, involucrando directamente a –cuanto menos- uno de sus ministros y a un legislador nacional; controló la evolución del plan; negoció por interpósitas personas con uno de los prófugos; y se involucró personalmente en algunas acciones de ocultamiento que este sofisticado plan requería.
         La denuncia demuestra que el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Héctor Timerman, fue -sin duda alguna- el principal instrumentador del plan de impunidad. Desde su función, transmitió a Irán la decisión del gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA; acordó en secreto la baja de las notificaciones rojas e intentó convencer –sin éxito- al Secretario General de Interpol que procediera en ese sentido; signó acuerdos secretos con la parte iraní, que luego fueron reconocidos públicamente por el ex canciller iraní Ali Akbar Salehi; participó de las negociaciones, de la redacción y de la firma del Memorando de Entendimiento, pieza central del plan de impunidad. De hecho, la suscripción de este memorando en representación de la República Argentina constituyó una contribución central al plan, pues se trató de una acción definitiva en la ejecución de la maniobra criminal. Además, para llegar a ese objetivo, comandó las tratativas con los representantes iraníes, aquellas que se mantuvieron en secreto y también las que tomaron estado público, desempeñando un rol central en la negociación con la contraparte iraní, para convenir la impunidad definitiva de los prófugos, así como el cese de las notificaciones rojas.
         Su participación principal en el delito surge con nitidez de las manifestaciones relativas a los acuerdos secretos sellados con Irán, en las cuales los representantes persas hicieron notar su disconformidad por el fracaso en la baja de las notificaciones rojas: “…hay un poquito de desazón de allá… Desazón…Me parece que el ruso este de mierda  [en alusión a Héctor Timerman] se mandó alguna…estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares [en referencia a las notificaciones rojas]…y agregaron: “…Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió con algunas cosas…”.
         Además, la presentación judicial detalla que Héctor Timerman abusó del secreto propio que pueden gozar las tratativas diplomáticas para ocultar los avances del plan delictual y emitió comunicados desde la Cancillería Argentina para engañar a la opinión pública sobre el contenido de las negociaciones, a fin de garantizar que nada detenga el curso criminal.
         Y también se involucró personalmente en la campaña de descrédito y engaño destinada a destruir la credibilidad de la causa judicial con el fin de, dolosamente, presentar al acuerdo con Irán como la única vía apta para solucionar el caso. En la tarea de desprestigiar a la investigación judicial, señaló: “…Por primera vez hay un compromiso por escrito de Irán…para que la causa AMIA pueda salir de la total parálisis en la que se encuentra”, para luego agregar que el “…proceso judicial en curso… no ha tenido avances de ningún tipo en los últimos años”.
         Otra contribución a la maniobra delictiva denunciada se advirtió en el rol que desempeñó Timerman en relación a la puesta en escena de septiembre de 2013, en la que se pretendió engañar a la opinión pública. En esa ocasión, el canciller comunicó que la reunión con su par iraní nacía de un pedido de Teherán, en respuesta al discurso presidencial ante la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando –en realidad- se comprobó que “…la reunión se hace de apuro a pedido de Cristina…”.
         Resumiendo, quien debería velar por los intereses de todos los argentinos en materia de relaciones exteriores, se encuentra involucrado en la ejecución de un ominoso plan de encubrimiento ideado, planificado e instrumentado para dotar de impunidad a los acusados iraníes por el caso AMIA y desvincularlos de forma definitiva de la investigación por el atentado.
         En esta tarea, faltó a sus deberes de funcionario público, conforme lo requiere el alto cargo ministerial que ostenta y lo exige la Ley de Ministerios de la Nación; infringió la ley penal, incurriendo en múltiples conductas delictivas; avasalló la actuación de la justicia argentina de los últimos ocho años, efectuando concesiones que echan por tierra los logros obtenidos en el marco de una causa sumamente compleja; engañó y mintió a dirigentes comunitarios, a las agrupaciones de familiares de víctimas del atentado, a los sobrevivientes, a legisladores nacionales, a la prensa y a la sociedad argentina toda, no dudando en tergiversar la realidad, con el objeto de ocultar el plan criminal del que participó.
Otro de los partícipes centrales de este plan fue Luis Ángel D’Elía, desde siempre un acérrimo defensor tanto del régimen iraní como del gobierno nacional, al punto de calificarse a sí mismo como “un soldado” incondicional de la Presidente: “…Yo tengo que hacer el juego de la Rosada…Si tengo orden de no ir, soy un soldado acá….
Funcionó como el interlocutor oculto de las autoridades gubernamentales argentinas y operó como transmisor y receptor de los mensajes clandestinos a la contraparte iraní, destinados a ejecutar el plan y  remover los obstáculos que fue presentando el avance del encubrimiento. Fue el encargado de transmitir la desazón que se generó en Irán por la vigencia de las notificaciones rojas de Interpol. Su voz ha sido la del gobierno nacional. Sus antecedentes lo avalaron para ocupar esa función. Esto se verificó en la puesta en escena de septiembre de 2013. También se comprobó que fue partícipe de las negociaciones comerciales ligadas al plan, que involucraron al imputado Mohsen Rabbani, con quien está relacionado hace años.   
Consustanciado ideológicamente con ambas partes del pacto delictivo, estuvo varias veces en Irán invitado por el régimen. En sus visitas, se entrevistó con altas autoridades y se pudieron comprobar reuniones con, al menos, dos de los prófugos del caso AMIA: Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rabbani.
Al regreso de su viaje a Irán de principios de 2007, D´Elía refirió que le habían entregado evidencias y documentación que demostraban que Irán no había tenido nada que ver con el atentado contra la AMIA y que la acusación de la fiscalía del caso estaba apoyaba en pruebas falsas. No obstante y luego de haberse investigado en profundidad las pruebas aportadas por D´Elía, quedó claramente comprobado que esa versión no encontraba apoyo, ni siquiera, en los elementos y medidas de prueba que él mismo había propuesto. Y, en consecuencia, se dio por finalizada esa línea de investigación, concluyéndose que “la versión esbozada por Luis D´Elía, huérfana de todo sustento, queda reducida a una teoría disparatada y antojadiza que cae por su propio peso y no amerita un mayor análisis”.
A principios de 2010, esta vez acompañado por Jorge Khalil, Luis D’Elía volvió a visitar Irán por una invitación del gobierno persa, y en esta ocasión, le ofrecieron un acuerdo de similares características al que terminó firmando Héctor Timerman tres años después, que ya incluía el cese de las notificaciones rojas: “…Es parecido a lo que nos propusieron en el primer viaje a Teherán ¿te acordás?...”, mencionó Khalil. Así, lo habían invitado para ir adelantándole la solución política para desvincular a Irán del caso AMIA y –de ese modo- dejar de lado las acusaciones de la justicia argentina y habilitar la baja de las notificaciones rojas, en línea con lo históricamente postulado por Teherán.    
En su entorno, se destacan figuras como el ex embajador venezolano en Argentina, Roger Capella, quien en noviembre de 2006 incitó a D´Elía a realizar la protesta por el caso AMIA en contra de la justicia argentina, que le costó su espacio en el gobierno de Kirchner. Sin embargo y más allá de haber dejado la función pública, D´Elía siguió muy vinculado al gobierno, actuando desde la “Federación de Tierras y Viviendas”. Su persistente injerencia en este tema se vio corroborada, por ejemplo, en las palabras de Jorge Khalil quien afirmó: “Recién salgo de donde Luis…le pedí hectáreas para nosotros, me las va a dar ahora…para hacer un predio para nosotros….”
Entre los muchos hechos probados en la presentación judicial, se comprobó que el mismo día en que se firmó el acuerdo, tanto a través del entonces Secretario General de Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, como de personal de la Secretaría de Inteligencia, le comunicaron a D’Elía la firma del acuerdo y le hicieron llegar la indicación presidencial de silencio estratégico por diez días, para no alterar los ánimos de la comunidad judía. Le dijeron: “…Por las dudas que te llamen hoy los medios o alguno, tené perfil bajo, por diez días por lo menos…”, y respondió: “…Bárbaro…me dijo Parrilli recién también…”. Sin ser funcionario del gobierno, la directiva y el hecho de ser anoticiado por el secretario presidencial al instante, demuestra que Luis D´Elía era parte del plan criminal. Además, esta comunicación personalizada resulta paradójica, si se tiene en cuenta que los familiares de las víctimas del atentado tuvieron que enterarse de la firma del acuerdo por las redes sociales y los medios de comunicación.
En agosto de 2013, en el acto del Día de Al Quds, Luis D´Elía reivindicó a Hezbollah y se jactó de sus contactos con la organización terrorista acusada de ejecutar el atentado contra la sede de la AMIA. Hizo referencia a un viaje a la República del Líbano de marzo de 2012, donde visitó sitios propios de la organización y estuvo en contacto con sus dirigentes. Su militancia a favor de la referida organización terrorista llegó al punto de solicitarle a Jorge “Yussuf” Khalil, que le facilite contactos con dirigentes de Hamas y Hezbollah, por razones periodísticas: “…que le habilites contactos allá con Hezbollah y Hamas…”.
         En este sentido, la denuncia comprueba que D’Elía no es una persona simplemente alineada con Cristina Fernández por mera afinidad en relación al caso AMIA, sino que se trata de uno de sus operadores, alguien que trabaja para sus intereses, al que se le imparten instrucciones y que responde sin cuestionamientos. No se eligió a cualquiera como intermediario para avanzar en la negociación con Irán, eligieron a un “soldado”. Ya participaba del plan cuando el acuerdo aún se estaba negociando, cuando se firmó el Memorando de Entendimiento, cuando se lo trató en el Congreso Nacional, cuando quedó trabado por el desinterés de Irán, y cuando se montó una actuación entre las partes para engañar a la opinión pública simulando que intentaban diplomáticamente acordar una salida dialogada a las desavenencias surgidas. D´Elía estuvo involucrado en todo momento.  
         Según las pruebas, D´Elía realizó aportes fundamentales en distintas instancias de este sofisticado delito. Recibió instrucciones de parte de Andrés Larroque, se comunicó innumerables veces con el interlocutor del régimen iraní, Jorge Khalil; contactó y se reunió con el representante diplomático de Irán y abogó públicamente por la buena marcha del plan. Es decir, desde su posición, contribuyó constantemente al avance del delito.                 
         Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil ha sido el referente más importante de las autoridades del régimen iraní en Argentina, incluso por encima del entonces Encargado de Negocios de Irán en nuestro país, sobre quien, en el marco de estas tratativas, tenía más poder y respecto de quien se refirió despectivamente: “…Me chupa un huevo Pakdamán…” En otra ocasión, afirmó: “…Yo lo puenteé, porque a mí me dijeron que yo tengo que hacer las cosas y bueno…las hago. Aparte hablé con el jefe de él, si tiene algún problema que se lo diga al jefe de él…”. Además, el sucesor de Pakdaman como Encargado de Negocios de Irán en Argentina, obtuvo su cargo gracias a la gestión y venia de Khalil: “…Éste es un embajador que elegí. Cuando a mí me preguntaron ¿fulano, mengano o zutano? Dije fulano y yo se lo dije a este Embajador ¿Ud. sabe que le puse yo el dedo a Usted? Me dice: si si si, yo le quiero agradecer, porque habló por mí…”   
         Militante a tiempo completo de los intereses persas, ha sido la voz y oídos de Irán en Argentina. En ese carácter, funcionó como el nexo central en la vinculación entre funcionarios iraníes y argentinos en el marco de los hechos denunciados, operando –de ese modo- como el referente de la diplomacia paralela entre Buenos Aires con Teherán. Khalil siempre fue consciente de su posición y la explicó manifestando: “yo soy orgánico le dije…a mí me dieron la orden de allá, no tengo que mover un dedo…no muevo un dedo” en alusión a que obedece enteramente las indicaciones y directivas que recibe de Teherán. Considerado “…el interlocutor ante la Embajada…”, él mismo explicó: yo no estoy operando para ellos, yo estoy operando para los nuestros, para lo que es la embajada…ellos me mandaron a hacer una cosa, yo como soy el nexo…”, en clara referencia a su obediencia a Teherán.
         Otro rasgo de importancia para entender el peso de Khalil en este plan criminal, gira en torno a su vinculación con el acusado Mohsen Rabbani, con quien se ha comunicado telefónicamente y por correo electrónico en forma asidua y con quien ha estado relacionado desde la época del atentado contra la AMIA: “…te estoy hablando del 93, del 94, cuando explotó la bomba…”. Cuando se debatía la aprobación del memorando en el Congreso Nacional, Khalil le dijo a Rabbani: “…lo vamos a defender nosotros, en el Congreso, adentro de la cárcel, afuera, en todos lados si Dios quiere, porque nosotros somos lo mismo, usted y la comunidad ésta, es lo mismo…si acusan a un iraní, si acusan a un iraní van a tener que acusar a toda la comunidad islámica del país, así de corta se lo digo….”.
         La denuncia contiene pruebas contundentes que demuestran que Khalil le envió a Rabbani todo tipo de información y, además, le hizo saber datos –públicos y secretos- que recabó de sus fuentes locales, ya sea que hubieran provenido de operadores con llegada al despacho presidencial, como el caso del Diputado Larroque, de actores relevantes que responden al servicio de inteligencia argentino y/o de históricos aliados locales de Teherán, como son D´Elía y Esteche.
         Luego de la ya referida reunión con el Ministro De Vido, Khalil reportó: “…hoy terminamos una reunión con el Ministro de Planificación De Vido, en donde él está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para arreglar con la República Islámica y la transacción puede ser a través de granos y a través de otras cosas…bueno es cuestión de verlo”. A ello, Rabbani respondió: “…Mándame para que evalúe…” y Khalil agregó:yo le mando un mail, bien serio, de cómo fue la conversación y usted evalúaAgha, quédese tranquilo que estamos trabajando bien”. En otra ocasión, dijo: “...Sheik, quédese tranquilo que yo hoy a la noche, cuando llego a mi casa, le mando un informe de todo todo lo que estoy haciendo…”. Así, le ha llevado tranquilidad a uno de los imputados por el atentado.
         En la misma línea, la confianza de Rabbani en Khalil se demostró cuando, por ejemplo, luego de una discusión entre ambos y ante el ofuscamiento de Khalil, Rabbani se disculpó diciéndole: “lo maltrato a usted en la confianza porque usted es responsable de todo, o cuando Rabbani le dijo: “…no mezcle más las cosas. Usted trabaja conmigo….”.
         En lo concerniente al delito denunciado, Jorge Khalil ha tenido una participación clave en el armado de la pista falsa destinada a redireccionar la investigación. En ese sentido, fue quien se mantuvo en contacto telefónico constante con personal de la Secretaría de Inteligencia abocado a esta tarea. Y mucho antes de firmarse el acuerdo, Khalil ya trabajaba en el tema, junto con Fernando Esteche, quien también aportó ideas para fabricar la versión alternativa –falsa pero verosímil- que explique el atentado. Sabía perfectamente, para ello había trabajado, que vendría “otra hipótesis, con otras pruebas”, que descolocaría al Fiscal del caso y ridiculizaría la actual investigación judicial usando pruebas falsas ajenas al expediente; y que la “Comisión de la Verdad” no había sido creada para investigar, sino que estaba destinada –justamente- a desvincular a los iraníes:“…alguien va a salir…con la cara manchada de acá…Obvio, eso ya está arreglado… ¿Cómo va a ser para el lado nuestro, boludo? Si nosotros estamos sentados en la mesa…”.
         En suma, la denuncia corrobora que tanto Luis D’Elía como Jorge “Yussuf” Khalil fueron operadores cuidadosamente seleccionados para oficiar de nexos clandestinos en el plan de encubrimiento. Una de las cualidades que comparten es que, pese a la profunda consustanciación con los gobiernos a los que representan y la confianza que inspiran en sus mandantes, no son figuras oficiales. No ejercen cargos públicos ni tienen responsabilidades políticas visibles en los gobiernos a los que sirven. Pero como denominador común, operan muy cerca del poder, son de confianza del poder y, valga la redundancia, poseen -en sus respectivos ámbitos- mucho poder.
         En el marco de este plan, estos personajes no podían aparecer vinculándose con las autoridades de ninguno de los gobiernos. De allí que, en Argentina, para intermediar entre los autores del plan delictivo y varios de sus ejecutores, se recurrió a una persona cercana y de confianza de la primera mandataria y que –fundamentalmente- pudiera dar cuenta, con facilidad, de sus contactos tanto con unos como con otros. Este nexo fundamental para la articulación del plan fue el Diputado Nacional Andrés Larroque, quien transmitió las decisiones presidenciales a sus ejecutores, a sabiendas de lo delictivas que eran.
         En efecto, la denuncia también identifica entre los partícipes de este plan, al Diputado Nacional Andrés Larroque, quien ha sido un actor clave en la articulación de la maniobra pues, dada su cercanía tanto con la Presidente de la Nación como con los partícipes del encubrimiento, ha operado como nexo e intermediario de la información transmitida entre autores y cómplices.
         La denuncia acreditó distintos episodios en los que Larroque comunicó directivas presidenciales, tanto a Khalil como a D´Elía, sobre cómo debían actuar. Como por ejemplo, la ocasión en que, en noviembre de 2012, Khalil reconoció: “…vengo de La Matanza recién he tenido una reunión con Luis D´Elía y el “Cuervo” Larroque, el de la Cámpora…que me llamaron temprano que querían hablar conmigo, que tenían un mensaje para el gobierno para dar…Y ahora me voy para Martínez a dar el mensaje, a la casa del Embajador…”. La interacción quedó evidenciada. Larroque transmitió mensajes relativos al plan criminal, emanados de las autoridades del gobierno nacional involucradas en el encubrimiento y Khalil los hizo llegar a las autoridades iraníes.   
         La intervención del Diputado Larroque, conforme lo necesitaba el plan de la Dra. Fernández, estuvo destinada a proteger las negociaciones con Teherán de cualquier tensión innecesaria que pudiera surgir fundamentalmente en el escenario político local. Así,  Khalil reconoció: “…yo estuve hablando con D’Elía y con el ‘Cuervo’ Larroque y me pidieron eso y yo lo transmití al Safir [Se trata del Encargado de Negocios de Irán en Argentina] y el Safir me dijo lo mismo…no hagamos algo que pueda molestar”.
         Asimismo, Larroque intervino en las comunicaciones por cuestiones comerciales y así lo mencionó Khalil al aseverar: “…yo fui a hablar con D´Elía y le dije…todas las propuestas y de la cancillería, de la cancillería también…lo que me había propuesto…Y él lo elevó al “Cuervo” Larroque…el de “La Cámpora”, el Jefe de “La Cámpora”…Y ya iban a hablar con Cristina…”.
         En suma, las constancias probatorias verifican que el Diputado Larroque operó, en el marco de este plan, como nexo entre la Sra. Presidente y Luis D´Elía, le llevó mensajes e indicaciones al referente de Teherán, Jorge Khalil, y se mantuvo en comunicación con Fernando Esteche en relación al plan. Un actor clave en la articulación de las comunicaciones y negociaciones que viabilizaron la maniobra denunciada, operó para evitar complicaciones que pudieran dañar el acercamiento con Teherán y también fue necesario en la facilitación de las cuestiones comerciales subyacentes al encubrimiento.
         Fernando Luis Esteche es el líder de la agrupación “Quebracho”, de buena relación política con algunos funcionarios del gobierno nacional. Desde antaño ha mantenido una postura favorable a los intereses iraníes, tanto que ha sido sostenido económicamente por dicho régimen. Su intervención fue determinante pues viabilizó el avance del plan de impunidad, acercando al agente iraní en Buenos Aires con los funcionarios de inteligencia argentinos, y en especial, sumando al ex Fiscal designado para actuar en la causa AMIA, Héctor Yrimia. Además aportó ideas concretas para la construcción de la nueva hipótesis falsa. Al respecto, ya en diciembre de 2012 explicaba los pasos que se debían tomar en relación al plan: “…quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA, el nuevo responsable de AMIA, por ejemplo, es una necesidad que tienen que construirla, van a querer ir construyendo el consenso de esto…no van a poder decir que fueron los israelíes…”, sugiriendo que podían atribuirle el hecho a “…una conexión de fachos locales…”, y para sumar a Yrimia agregó: “…El Fiscal de AMIA es de ellos [en referencia al servicio de inteligencia argentino], Yrimia, que lo echaron del caso AMIA, él te puede…generar información, quiero que me den información del caso AMIA, ¿se puede o no se puede? ¿Qué están dispuestos a aportar?...”.
         El Dr. Héctor Yrimia, entonces Fiscal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, fue designado el día del atentado -junto a otros fiscales- para actuar en forma conjunta, alterna o sucesiva en el caso AMIA. De allí que conozca en detalle los hechos materia de investigación por haber estado en contacto con pruebas, testimonios, peritajes e informes de la causa. Justamente, este minucioso grado de cognición tornó fundamental al Dr. Yrimia para el buen desarrollo del plan, que contaba con las siguientes “credenciales”: 1) un conocimiento personal específico sobre la causa del atentado, por haber sido, entre otros, uno de los primeros fiscales del caso; 2) su vinculación con el sector de la Secretaría de Inteligencia encargado del armado de la nueva hipótesis falsa; 3) su relación directa con el agente iraní Jorge “Yussuf” Khalil. Yrimia se encontraba en condiciones de aportar información de primera mano de la causa y, consecuentemente, su aporte fue realizado donde resultó más útil: en el armado de una hipótesis falsa donde, valiéndose de la información obtenida en ejercicio de la función pública, cooperó para que la misma sea verosímil y se adapte a la realidad procesal de la causa.
El primer registro contabilizado del contacto entre Jorge Khalil y Héctor Yrimia data de principios de noviembre de 2012: “Tuve una charla con el Fiscal…El Fiscal de la causa….el que estaba, no el que está ahora, el que estaba…. Esto ocurría antes de la firma del Memorando de Entendimiento. Es de toda lógica que para esa época ya se estuviera trabajando en la construcción de la pista alternativa, de la falsa hipótesis que desplazaría la imputación a los acusados iraníes. Yrimia se sumó al plan e inició sus fluidos contactos con los referentes locales de Teherán gracias a la intermediación de Fernando Esteche. Y así lo explicó Khalil: “…Y, el que me sienta es Fernando”, quien lo sugirió como fuente de información “eso te puede servir bien concreto para cualquiera de las tesis…cualquiera de las cosas que vayan a resolverse va a servir porque es información”.
Khalil llegó a reconocer que Yrimia y el personal de inteligencia argentino: “…son los que están acomodando toda la historia…”, en alusión a la fabricación de la pista falsa para redireccionar la investigación de la causa “AMIA” hacia otra hipótesis y nuevos imputados.
Conforme la prueba que se acompañó en la denuncia, los contactos de Khalil con Yrimia continuaron mes tras mes y se fueron profundizando: “…Hoy hablé con el ex juez y ex fiscal de la causa AMIA, Yrimia…tuve una reunión dos horas…”. Además, existen datos que demuestran que ambos utilizaban sus reuniones para camuflar detrás de cuestiones religiosas el avance del plan: “…nosotros estamos hablando de trabajar, de hacer un trabajo conjunto entre la iglesia y el chiismo…esas son las excusas. Ahora, después, estos tipos operaron mucho el tema…uno fue…ex juez de la causa AMIA…Yrimia…Yrimia…con ese me junto hoy…”.  Las reuniones por cuestiones religiosas, completamente ajenas al objeto de la denuncia, se ha probado que constituyen meras excusas, como lo reconoce Khalil, toda vez que la vinculación con Yrimia giró siempre en torno al encubrimiento de los acusados por AMIA.
         Mientras se reunían por cuestiones lícitas y legítimas, como el acercamiento entre dos religiones, motorizaron, al mismo tiempo y en las mismas reuniones, el plan criminal encabezado por la Sra. Presidente y el Sr. Canciller. Este modus operandi ya fue denunciado y expuesto por el Dr. Nisman en otras presentaciones judiciales. Se trata nada menos que del modo dual que los agentes iraníes han utilizado para ocultar actividades subrepticias y hasta delictivas. Ocultan sus fines criminales detrás de fachadas religiosas o culturales. La nueva denuncia resalta que ese accionar aparece ahora replicado en este nuevo encubrimiento o, al menos, en una parte de él.   
         En esta maniobra criminal, las pruebas acreditan la participación imprescindible de personal de la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación que, con acceso al entorno presidencial y con información privilegiada, instrumentó, materializó y llevó adelante los designios criminales de la Sra. Presidente y del Sr. Canciller. Así, se actuó -en reiteradas ocasiones- a favor de intereses extranjeros en detrimento de los nacionales, transmitiendo informaciones secretas y protegidas por la Ley de Inteligencia Nacional a agentes de una potencia extranjera. Se negoció la impunidad de los prófugos de la causa AMIA y, para ello, se articuló el armado de una pista falsa y se utilizaron los resortes del Estado Nacional para establecer buenas relaciones con la comunidad iraní, facilitarle favores y allanar cualquier obstáculo que surgiera durante la ejecución del plan.
         En relación al cese de las notificaciones rojas, que el gobierno pensaba inminente en febrero de 2013, uno de los agentes de inteligencia con mayor involucramiento en esta maniobra, confesó: “…Tengo un chisme…me dijeron ahí en ´la casa´…Interpol va a levantar el pedido de captura de los amigos...Lo va a levantar ahora…”, aludiendo a la Secretaría de Inteligencia como “la casa” y a los iraníes como “los amigos”.
         El acceso al entorno presidencial de los agentes involucrados en el plan de impunidad se acreditó también con la información privilegiada, verídica y secreta que manejaban, hasta sobre la salud de la Dra. Fernández: “Te cuento la doctora está con gripe y está con una fiebre de la puta madre. Así que está con un quilombo de la puta madre, a ver si mañana arranca para hablar….si va a hablar, va a hablar de última….después de las cuatro o cinco”, sobre el acto del 25 de mayo de 2013. Y en ocasión de la sorpresiva intervención quirúrgica a la que fue sometida la Sra. Presidente en octubre de 2013, y cuando públicamente nada se sabía, comentaban: “…tiene un coágulo viste, casi seguro que la operanElla se da cuenta el sábado cuando empezó a hacer gimnasia…le empezó a pic…¿viste cuando se te duerme la mano?...que te da picazón. ¡Y pensaron que era del corazón y salieron cagando! Bueno, de allí le hacen todo un estudio dentro de, del sistema médico de la quinta, le meten el anticoagulante, que eso es muy bueno, eso no siguió el daño, ¿entendés?...Ya está internada hace una hora y media…”.   
         Apenas se firmó el Memorando de Entendimiento, un agente de inteligencia argentino le dijo a su contraparte iraní: “…Tranquilo, ya ganamos, es decir, ganamos una partida, yo te dije, vos no me tenías fe…”. Y en febrero de 2013, también en relación a la entonces reciente firma del Memorando de Entendimiento, agentes de inteligencia argentinos comentaban a los iraníes: “…estamos muy bien y hay que laburar tranquilos…tenemos que hacer un trabajo de acá a diez años, ¿me entendés? Que en un año y medio tengamos las buenas noticias, pero acá hay que hacer un trabajo para mucho tiempo…Si, pero tranquilo, está cerrado muy arriba, quedate tranca….”.  
         Otro aporte fundamental de los servicios de inteligencia a la ejecución del plan criminal remite a la construcción de la nueva hipótesis delictiva para la causa AMIA destinada a desplazar a las acusaciones alzadas por la justicia nacional en contra los iraníes. Al respecto, los espías reconocieron: “…ya estamos en otro país, es otra situación mundial y hay que trabajar en otro contexto…”, y este “trabajar en otro contexto” implicaba que la prioridad era el acercamiento geopolítico a Irán, que imponía dejar de lado las acusaciones contra funcionarios de dicho país. Con ese fin, y en referencia al Fiscal Nisman, le comunicaron al agente de Irán: “…él sabe lo que va a venir,  que va a venir otra hipótesis, con otras pruebas y a hacer culo al norte porque nunca las vio él las pruebas...”. Así, con una posición estratégica dentro del gobierno nacional, comunicaban a un agente que opera para una potencia extranjera, que se iban a presentar pruebas falsas para alterar ilegalmente el curso de una causa judicial, deslegitimar a los actuales investigadores y encubrir a los imputados.
         Además de proveer información secreta y reservada a los contactos locales iraníes, transmitieron tranquilidad a Teherán en distintos momentos del despliegue encubridor. Así, por ejemplo, cuando se hizo público el pronunciamiento emitido el 29 de mayo de 2013 por la Unidad Fiscal del caso AMIA, en el que se presentaron nuevas pruebas que profundizaron la implicación de los acusados iraníes en el atentado, los espías calmaron al agente Khalil: “…Queda ahí…cuando llega al juez para arriba, ¿cómo va a hacer?”, dejando entrever que estaba todo controlado, que nada iba a pasar con ese dictamen fiscal, porque la decisión última dependía de las distintas instancias del Poder Judicial y no de lo que demuestre o sostenga el Ministerio Público Fiscal.
         Ahora bien, la denuncia presentada por el Dr. Nisman se sustenta en un contundente conjunto de elementos probatorios, entre los que se encuentra el producido de intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente. El contenido de estas comunicaciones resultó ser sumamente verosímil, dado que luego se comprobó un fuerte y concluyente correlato entre lo conversado y hechos de la realidad. Más aún, las conversaciones interceptadas dan respuesta a prácticamente todos los interrogantes que la ciudadanía se había planteado desde un inicio sobre este oscuro Memorando de Entendimiento, cuya sola lectura despertó inmediatas y fundadas suspicacias. 
         De hecho, circunstancias y referencias que surgen de las comunicaciones registradas pudieron ser corroboradas, ya sea porque tomaron estado público o bien, porque se condicen con hechos o manifestaciones posteriores que también trascendieron al conocimiento de todos. Es decir que, referencias, circunstancias, fechas, episodios, posicionamientos políticos, es decir, un conjunto heterogéneo de cuestiones mencionadas en los intercambios telefónicos aportados en la denuncia, tuvieron correlato en la realidad y ello ha redundado en la verosimilitud de las conversaciones registradas.
         En consecuencia, las conclusiones de la denuncia, lejos de basarse en inferencias o suposiciones, responden a hechos y circunstancias fácticas muy difíciles de controvertir de acuerdo a los principios de la lógica racional y la experiencia. Es más, las circunstancias acreditadas, de por sí sumamente graves, apenas constituyen el piso probatorio desde el cual deberá partir la investigación. La trama que evidencian es mucho más grave.
         Por otra parte, la denuncia asume que aquellas personas que no trepidaron en ejecutar un plan criminal para destruir la investigación por el atentado a la AMIA y encubrir a imputados terroristas, tampoco dudarán en recurrir a cualquier medio para salvaguardar sus patrimonios personales y escapar así a las responsabilidades económicas derivadas de la comisión del delito denunciado. Por esa razón, por la extensión del daño causado por el delito y por la multiplicidad de víctimas afectadas, el Fiscal Nisman requirió el dictado de un embargo preventivo sobre los bienes de los acusados, por la suma de $200.000.000 (doscientos millones de pesos).
         En fin, la denuncia presentada por el Dr. Alberto Nisman ha revelado un sofisticado plan de encubrimiento para dotar de impunidad a los acusados iraníes en la causa AMIA, que fue decidido por la Sra. Presidente Cristina Fernández, e instrumentado –principalmente- por su canciller Héctor Timerman, con la colaboración de otros sujetos entre los que se destaca el Diputado Nacional Andrés Larroque.
La paradójica y por cierto irritante circunstancia de este entramado delictivo es que los autores del plan, para lograr sus objetivos criminales, al mismo tiempo que clamaban públicamente que solo buscaban verdad y justicia, no trepidaron en buscar destruir la imputación de la justicia argentina a expensas de ochenta y cinco muertes. Así, la denuncia destaca la inusitada gravedad institucional de este plan criminal, que no solo buscó destruir la investigación judicial del mayor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país, sino que en su ideación, planificación e instrumentación han participado algunas de las más altas autoridades del gobierno nacional, incluyendo la cabeza del Poder Ejecutivo.